Libertad de expresión y opinión
pública en la iglesia

Enrique Maza

Periodista


Los cambios que ha vivido la humanidad en el siglo que acaba de terminar sólo tuvieron posibilidad y sentido en la época democrática. No fueron oscilaciones sin rumbo y sin anclaje del pensamiento y de la opinión del género humano. Más bien, se fueron creando consensos y vinculaciones generales y duraderas sobre los valores fundamentales de la ideología moderna, como igualdad, la libertad y derechos humanos.


Es claro el consenso nuevo sobre derechos humanos en la conciencia del mundo moderno, que fue evolucionando desde los derechos individuales, que corresponden a todo ser humano, por el hecho de serlo, hasta los derechos sociales, económicos y políticos. Finalmente, en un segundo avance, abarcó los derechos de las comunidades y de los pueblos.


La libertad de expresión pertenece a las dos primeras generaciones de los derechos humanos. La opinión pública se ancla en la segunda y en la tercera. Una persona tiene el derecho inalienable a la libertad de pensamiento y de expresión. Lo empezamos a vivir en México, contra el silencio impuesto por décadas, contra la manipulación de la libre expresión y del derecho a opinar, contra el control de la prensa y de los demás medios de comunicación. Hoy podemos opinar sobre todo: el aborto, el horario de verano, la eutanasia, la anticoncepción, los impuestos y la reforma hacendaria, la seguridad pública, etc. Es la libre expresión sobre los derechos individuales, sociales, políticos y económicos, por superficial que sea la ideología individualista que va dominando todos los aspectos de la vida. La expresión de la opinión pública fue notable cuando los indios se expresaron comunitariamente en la tribuna de la Cámara de Diputados. Esa fue opinión pública y reclamo de los derechos de las comunidades y de los pueblos.


La opinión pública es la mesa redonda de la sociedad, que hoy tiene una expresión importante, aunque no única, en los medios de comunicación: prensa, radio, televisión, cine, teatro, libros. Cumple una serie de funciones: comunica a los hombres y mujeres, construye sociedad, proporciona elementos de juicio que ayudan a tomar postura y decisiones necesarias para participar en todos los aspectos de la vida social, pone en circulación y en juego las opiniones de los diferentes grupos o corrientes de la sociedad, que se expresan como juicios o como reacciones ante las diversas instancias sociales, sobre todo acontecimientos políticos, sociales y religiosos, y medidas de la autoridad. De este modo, influye en las decisiones.


La opinión pública nace en los grupos sociales de interés que reúnen a los seres humanos alrededor de objetivos comunes. Cada grupo, por lo general, tiene y expresa opiniones y actitudes frente a problemas de interés colectivo que afectan a la sociedad o determinados intereses de grupo. Cuando estas opiniones se expresan públicamente, nacen las corrientes de opinión que, juntas, forman la opinión pública total, la mesa de discusiones de la sociedad.


La opinión pública se formula en juicios que son la suma de razones que fundamentan la opinión expresada por el grupo o por su vocero, y la hacen importante para la marcha común de la sociedad y para los intereses del grupo. Cuando estos juicios se formulan en público, se hace opinión pública. Por eso, la opinión pública implica pluralismo, diferencias y tolerancia.


Cada uno —y cada grupo— tiene una manera de concebir la vida, al humano, la sociedad. Cada uno tiene su conciencia y su manera de pensar. Y cada uno tiene derecho a su conciencia, a sus concepciones, a su modo de pensar y de vivir, salvos los derechos ajenos, y debe poder encontrar en la sociedad un lugar y un respeto para sí mismo, para su pensamiento y para su vida, para realizar sus intereses, para expresar lo que es, lo que piensa y lo que representa. Debe poder encontrar dónde escoger y cómo ser libre de modo auténtico, responsable y respetuoso. De todo esto nace la diferencia de opiniones y de juicios, que deben poder expresarse y entrar en contacto con las de otros.


La opinión pública es exigencia de libertad. Para pensar, para formarse, para expresarse, para agruparse, para manifestarse públicamente. Es exigencia de autonomía para vivir y para reflejar la conciencia propia o común, para comprometerse y para participar. La falta de opinión pública o su supresión son una enfermedad de la sociedad, cualquiera que sea su justificación, inclusive religiosa, porque implican cancelación de la libertad y marginación social.


El ejercicio de la opinión pública supone pertenencia, responsabilidad y participación. No se opina, si uno no se siente ligado a la suerte de su comunidad. De ahí que la opinión pública arranque, en forma importante, de las medidas de la autoridad, en cuanto dirige la marcha y afecta la suerte de la comunidad.


La opinión pública permite a una sociedad conocerse mejor y adquirir una conciencia más clara de sí misma. Es la conciencia de la sociedad. Es el reflejo y el índice de su maduración. Permite conocer el grado de responsabilidad y de compromiso de sus miembros. Necesita auténtico pluralismo, ambiente de libertad, información, conocimiento y juicio de los hechos, toma de posición personal y colectiva, expresión pública de la conciencia común y orientación a la acción. Sin estos elementos, puede haber expresión pública de opiniones particulares, pero no hay opinión pública.1

La doctrina de la Iglesia

El 18 de febrero de 1950, en un mensaje a la prensa católica, Pío XII dijo que la opinión pública debe existir en la Iglesia, si quiere ser un cuerpo social sano. Dijo que donde no aparece ninguna manifestación de la opinión pública, por la razón que sea, allí hay un vicio, una enfermedad de la vida social. Y la Iglesia, porque es un cuerpo vivo, tendría esa enfermedad, si no tuviera opinión pública. Se refería, en primer término, a los países socialistas, de la Cortina de Hierro de entonces, y aplicó a la Iglesia los mismos conceptos, porque en la Iglesia ha prevalecido a lo largo de los siglos, y todavía prevalece, una ausencia notable de opinión pública, entre otras razones, nacidas de autoritarismo y de mal uso del poder, por la censura antigua y actual al interior de la Iglesia.


Benedicto XV, en 1917, promulgó el conjunto de leyes que rigen la vida de la Iglesia, Código de Derecho Canónico. Juan Pablo II, en 1985, promulgó un nuevo Código. En ambos se legisla la censura previa de los escritos católicos, con la idea de conservar la fe recibida por la Iglesia y las buenas costumbres; de ejercer una vigilancia estricta sobre los libros y otros textos, y de proteger a la comunidad de los fieles contra los escritos perniciosos.


La intención de conservar fielmente la fe recibida es bella y es necesaria, con tal de no confundir la fe, como dijo Paulo VI, con los aspectos efímeros o discutibles de la doctrina, de las costumbres y de la práctica pastoral. Con tal de no confundir la fundación de la Iglesia por Cristo con la estructura humana y el uso del poder en la sucesión de los siglos, ni con el pensamiento personal, ni con el criterio o la mentalidad de la autoridad en turno, ni con el control del pensamiento ajeno. La Iglesia, a todo lo largo de su historia, ha cometido inmensos abusos mundanos de poder y ha escrito páginas negras en el libro de la libertad y del pensamiento de los seres humanos. Baste recordar la Inquisición. En este siglo, ha habido juicios secretos, destitución de maestros y de editores, cierre de publicaciones, destierro de disidentes, condenación de libros, prohibición de escribir para periodistas y escritores, persecución para pensadores2. La obsesión por la ortodoxia acaba siendo la tumba de la inteligencia bajo el mausoleo del poder. La censura acaba siendo la cancelación de los que piensan distinto. La vigilancia doctrinal acaba siendo la imposición de la subjetividad.


La Iglesia, a través de Juan XXIII y Paulo VI, reinterpretó su postura. Se acabaron el Indice de Libros Prohibidos, y el Santo Oficio, sustituto de la Inquisición, por lo menos en la intención. El Concilio Vaticano II y los dos Papas que lo presidieron aportaron a la Iglesia una visión nueva de la libertad de expresión, de investigación, de pensamiento, de opinión. Valoraron la opinión pública en la Iglesia y el derecho a la información.


El Concilio Vaticano II lo reconoció. La Iglesia ha cometido errores e injusticias muy grandes a lo largo de su historia, que han costado sufrimientos y pérdidas irreparables3. Con demasiada frecuencia ha usado el poder de una manera que no concuerda con el Evangelio que predica. Una de sus manifestaciones es el control del pensamiento ajeno, la censura, la condenación del que piensa distinto, las barreras autoritarias o simplemente burocráticas a la libertad que se independiza, a pesar de la Carta Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, y de otras muchas instancias universales, en las que se asienta el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, avaladas por la Iglesia, por lo menos de palabra. La autoridad en la Iglesia, con frecuencia, no es un servicio, es un dominio. En la Iglesia hay muchos aspectos, en su pensamiento y en su actuación histórica, que no pertenecen a la revelación y son terrenos de opinión libre, como especificaron Pío XII y Paulo VI.


Nuestro emplazamiento cultural determina ciertas condiciones para el ejercicio del poder y excluye la censura, que no concuerda con la idea que tenemos de los derechos humanos y de la búsqueda de la verdad. Somos hijos de otra época y de otro lenguaje. No es viable un pensamiento que no encaja en la situación precisa del hombre y mujer contemporáneos y en el lenguaje propio de su horizonte mental. Éste es uno de los problemas de la censura, su dislocación cultural. No se inserta ya en su época.

Hay temas que necesitan una reflexión actualizada que muchas veces se hunde en la concepción misma del ser humano, que no es única, porque de ella dependen muchas posturas morales y la solución para muchos problemas que tienen que ver, entre otras cosas, con la libertad, con la comunicación, con la búsqueda cultural, con la vida que es propia del hombre y de la mujer, con la concepción de autoridad, que frecuentemente se ejerce absoluta, intocable, secreta. Así se cancelan o se restringen derechos, como el derecho de opinar y de expresarse libremente.


El Vaticano publicó, el 26 de junio de 1990, una Instrucción del cardenal Josef Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre «la vocación eclesial del teólogo», en el que responde a las críticas de teólogos alemanes, estadounidenses, suizos, holandeses, franceses e italianos a ciertas posturas del Papa en materia moral y al modo como ejerce su autoridad. Dice:


«La competencia del magisterio se extiende a lo que concierne a la ley natural. Es una doctrina de fe que estas reglas morales pueden ser enseñadas infaliblemente por el magisterio. Esto evitará recurrir a los medios de comunicación en vez de dirigirse a la autoridad responsable, porque no se puede contribuir a la clarificación de los problemas doctrinales y servir a la verdad tratando de ejercer presión sobre la opinión pública.
«No se pueden aplicar a la Iglesia criterios de conducta que tienen su razón de ser en la sociedad civil o en las reglas de funcionamiento de una democracia. Y todavía menos, cuando se trata de las relaciones de la Iglesia con el exterior, puede uno inspirarse en la mentalidad del mundo ambiente. Preguntar a la opinión mayoritaria lo que conviene pensar y hacer, recurrir, en contra del magisterio, a presiones ejercidas por la opinión pública; echar por delante un consenso de teólogos o pretender que el teólogo es el portavoz profético de una comunidad, todo eso denota una grave pérdida del sentido de la verdad y del sentido de la Iglesia.»


Antes de Ratzinger, los Papas Pío XII y Paulo VI hablaron de la opinión pública; pero ellos lo hicieron en un sentido muy diferente y con más profundidad.


Para Pío XII (1939-1958) los medios de comunicación eran simples instrumentos que podían usarse para el bien y para el mal, pero la vocación de quienes los usan es noble. En consecuencia, dio normas amplias para su uso: defender los derechos de la persona, transmitir valores humanos, iluminar los espíritus, defender el bien común, servir a la verdad y al bien, etc. Apuntó los caminos de acción: verdad, prudencia, justicia, caridad. Su visión de las masas fue negativa: carecen de criterio, son superficiales y deben ser educadas.


Ningún Papa, ni Pío XII, había hablado del verdadero fin de los medios de comunicación, particularmente de la prensa. Ninguno había entendido ni dicho que el fin de la prensa es informar. Le atribuyeron fines morales abstractos: defender los derechos de la persona, transmitir valores humanos, iluminar los espíritus, defender el bien común y otros por el estilo. Juzgaron a la prensa desde la perspectiva apostólica de la Iglesia, no desde su propia perspectiva.

Pero Pío XII sí enfrentó el problema de la opinión pública —y la vio certeramente—, en un texto que conviene recordar:4


«La opinión pública es el patrimonio de toda sociedad normal compuesta de hombres que, conscientes de su conducta personal y social, están íntimamente ligados con la comunidad de la que forman parte. Ella es en todas partes, y en fin de cuentas, el eco natural, la resonancia común, más o menos espontánea, de los sucesos y de la situación actual en sus espíritus y en sus juicios.
«Allí donde no apareciera ninguna manifestación de la opinión pública; allí, sobre todo, donde hubiera que registrar su real inexistencia, por cualquier razón que se explique su mutismo o su ausencia, se debería ver un vicio, una enfermedad, una irregularidad de la vida social.
«Ahogar la opinión pública de los ciudadanos, reducirla a un silencio forzado es, a los ojos de todo cristiano, un atentado contra el derecho natural del hombre, una violación del orden del mundo, tal como ha sido establecido por Dios.
«Situación lamentable, deplorable y acaso más funesta todavía por sus consecuencias lo es la de los pueblos donde la opinión pública permanece muda, no por haber sido amordazada por una fuerza exterior, sino porque le faltan aquellas premisas interiores que deben existir en todos los hombres que viven en comunidad.
«Nos reconocemos en la opinión pública un eco natural, una resonancia común más o menos espontánea de los hechos y de las circunstancias en el espíritu y en los juicios de las personas que se sienten responsables y estrechamente ligadas a la suerte de su comunidad. Eso que hoy se llama opinión pública muchas veces no es más que un nombre vacío de sentido, algo como un ruido, una impresión ficticia y superficial, y no un eco despertado espontáneamente en la conciencia de la sociedad y dimanante de ella.
«Finalmente, querríamos todavía añadir una palabra referente a la opinión pública en el seno mismo de la Iglesia (naturalmente en las materias que pueden ser objeto de libre discusión): no tienen por qué admirarse de esto sino aquellos que no conocen a la Iglesia o que la conocen mal. Porque ella, después de todo, es un cuerpo vivo y le faltaría algo a su vida si la opinión pública le faltase. Esta falta provocaría censuras sobre los pastores y sobre los fieles.
«Pero también aquí la prensa católica puede servir con gran utilidad. A este servicio, sin embargo, más que a cualquier otro, el periodista debe aportar aquel carácter que está hecho de inalterable respeto y de amor profundo hacia el orden divino; es decir, en el caso presente, hacia la Iglesia, tal como ella es, no solamente en los designios eternos, sino tal como vive concretamente en el mundo, en el espacio y en el tiempo: divina, sí, pero formada por miembros y por órganos humanos».


Juan XXIII (1958-1963) profundizó el avance de Pío XII:


«Todo ser humano tiene el derecho natural al debido respeto a su persona, a la buena reputación, a la libertad para buscar la verdad y, dentro de los límites del orden moral y del bien común, a manifestar y a defender sus ideas, a cultivar cualquier arte y, finalmente, a tener una objetiva información de los sucesos públicos».5
«Entre los derechos universales, inviolables, de la persona humana, está el derecho a la libertad en la búsqueda de la verdad y en la expresión y en la difusión del pensamiento».6
«El periodista católico debe ser enseñado a defender la verdad, la justicia y la integridad, antes que la religión y el Evangelio».7


Paulo VI (1963-1978) dio los pasos decisivos. Hay un largo camino desde Gregorio XVI hasta Paulo VI. Gregorio decía: «La libertad de imprenta nunca será suficientemente condenada». Paulo consideraba: «Una de las conquistas más notables del hombre moderno es el reconocimiento, desgraciadamente verbal todavía en muchas partes, del derecho del hombre a expresar libremente, tanto en grupo como individualmente, sus opiniones libremente formadas».


Para Paulo VI, la información tiene por fin ayudar a los hombres y mujeres a que asuman mejor su destino y el de su comunidad. La información es reconocida hoy como un derecho universal, inviolable e inalienable del ser humano moderno, porque responde a una exigencia de su naturaleza social. Todo ser humano tiene derecho a una información objetiva. El derecho a la información es activo —el derecho de buscarla—, y es pasivo —el derecho y la posibilidad de recibirla—, y no basta reconocerlo en teoría: hay que protegerlo en la práctica. La libertad —Pacem in Terris (222)— de expresar las opiniones es una conquista legítima del ser humano moderno, como consecuencia del derecho a la información, y no debería ser letra muerta, sino derecho en uso. El hombre y la mujer reivindican el derecho de pensar libremente y de expresar lo que piensa, y la Iglesia se goza de la libertad de opinión y de la libertad de prensa, que son derechos imprescriptibles.8


La opinión pública «es inherente a la naturaleza social del hombre». Cita, de Pío XII, el párrafo transcrito en páginas anteriores y continúa:


«En toda comunidad, junto a las leyes y a las instituciones, siempre existe una vida más o menos espontánea que se expresa por juicios, actitudes y comportamientos, que pronuncia o adopta una parte más o menos grande de un grupo sobre los acontecimientos de la actualidad. La opinión pública nace de la necesidad y del deseo que tiene el hombre de encontrar al otro, de comprenderlo y de comulgar con él en una activa participación en la vida de la comunidad, donde ésta se manifiesta, a la vez, como un signo y como un factor de cohesión social. De esa forma surge una especie de filosofía de la vida a través del asentimiento y de la repulsa, de la aprobación y de la negación de la opinión pública. Si resulta espontánea y diversificada por una libre confrontación, esta aceptación permanente de verdades y de valores complementarios puede ser fuente de equilibrio y de enriquecimiento. Es decir, que la opinión pública requiere, para ser sanamente constituida, un verdadero clima de libertad fuera de la presión de los mitos y de toda intimidación que quisiera imponer una uniformidad cuya aparición es el signo humillante de una peligrosa regresión».9
«La opinión pública corre con independencia del camino que sigan las leyes y las instituciones. Hay que liberarse de la esclavitud de presiones sociológicas y afirmar la libertad de juicio.»10
«En verdad se trata de una liberación. Las múltiples presiones sociológicas, los compromisos originados por la tupida red de las relaciones profesionales, familiares, sociales, reducirían fácilmente al hombre moderno, sin él advertirlo, a una especie de esclavitud. Si alguna profesión ha de liberarse de esta esclavitud y afirmar su libertad de juicio y de espíritu ha de ser la vuestra. Para el hombre de letras, para el escritor, para el crítico, para el cronista, para el periodista, la escritura es la expresión de un pensamiento, y el pensamiento no puede ser prisionero de esquemas impuestos, de opiniones amañadas. Su única norma es la verdad que libera».

No es posible citar aquí todos los documentos de Paulo VI.11 Escogeré sólo algunas citas más, que expresan mejor su pensamiento y su doctrina.


«Es necesario promover un amplio movimiento de opinión».12
«El Concilio no ha inventado la palabra pluralismo; pero se puede decir que ha favorecido su empleo, poniendo en evidencia el concepto y la realidad y autorizando, por consiguiente, su aplicación a los campos más amplios y más diversos del saber y de la vida.
«El mundo es complejo. Su visión total contiene una riqueza de realidades y presenta una multiplicidad de aspectos que exigen un pluralismo de conceptos, de valoraciones, de conductas. Incluso en el campo eclesial, la complejidad de sus elementos doctrinales, jerárquicos, rituales, morales no pueden manifestarse más que en formas y en palabras pluralistas. El reverente respeto que nuestra religión atribuye a todo momento, a toda porción, a todo acto de sus elementos, tanto divinos como humanos, obliga a evitar todo simplismo nivelador y mortificante. Nuestra vida espiritual se desarrolla en una trama complicada y delicada de realidades, de verdades, de deberes, de vibraciones psicológicas y sentimentales que se deben tener en cuenta. La civilización se mide por la capacidad pluralista del hombre».13
«La Iglesia ha escogido la libertad. El Concilio se ha apropiado la gran instancia del mundo civil moderno reconociendo al hombre esta primaria, altísima y natural prerrogativa: la libertad. Nos urge recomendaros que sepáis vosotros mismos educaros cristianamente para la conciencia y para el uso de la libertad. Y, para que la libertad siga siendo para nosotros aquel reflejo divino que ella es, procuremos protegerla, ante todo, en nosotros mismos».14


Finalmente, algunas citas de la encíclica Communio et Progressio, escogidas entre muchas:


«La opinión pública, que es característica y propiedad de la sociedad humana, nace del hecho de que cada uno, espontáneamente, se esfuerza por mostrar a los demás sus propios sentimientos, opiniones y afectos, de manera que acaban convirtiéndose en opiniones y en costumbres comunes.
«La libertad de expresar la propia opinión es factor y elemento necesario en la formación de la opinión pública.
«La libertad, por la que cada uno puede expresar sus sentimientos y opiniones, es necesaria para la formación recta y exacta de la opinión pública. Conviene pues, con el Concilio Vaticano II, defender la necesidad de la libertad de expresión, tanto para los individuos como para la colectividad, dentro de los límites de la honestidad y del bien común.
«Es necesaria la libre confrontación de opiniones. Es necesario que se conceda a todos los miembros de la sociedad la posibilidad de acceso a las fuentes y a los canales de información, así como la posibilidad de exponer libremente su pensamiento. La libertad de opinión y el derecho de informarse y de informar son inseparables. El derecho a la información no es sólo un derecho individual, sino una verdadera exigencia del bien común.
«El hombre es un ser social. Por ello le es necesario manifestar sus pensamientos y compararlos con los de los demás. Y esto es hoy más necesario que nunca. Por lo demás, cuantas veces los hombres, según su natural inclinación, intercambian sus conocimientos o manifiestan sus opiniones, están usando un derecho que les es propio y, a la vez, ejerciendo una función social.
«El Concilio Vaticano II enseña que la libertad humana, mientras sea posible, ha de ser fomentada y protegida y sólo puede ser restringida en cuanto lo exija el bien común. La censura, por lo tanto, se reducirá a los casos extremos.
«Como la Iglesia es un cuerpo vivo, necesita de la opinión pública para mantener el diálogo entre sus propios miembros. Sólo así prosperarán su pensamiento y su actividad. Le faltaría algo a su vida si careciera de opinión pública. Y sería por culpa de los pastores y de los fieles. Es, pues, necesario que los católicos sean plenamente conscientes de que poseen esa verdadera libertad de expresar su pensamiento. Las autoridades correspondientes han de cuidar de que el intercambio de las legítimas opiniones se realice en la Iglesia con libertad de pensamiento y de expresión. Por ello, determinen las normas y las condiciones conducentes a este fin. Es amplísimo el campo al que puede extenderse el diálogo interno de la Iglesia.
«La Iglesia avanza por los caminos de la historia humana. Por ello debe acomodarse a las circunstancias propias de cada momento y lugar, aceptando las necesarias sugerencias, tanto para mostrar adecuadamente las verdades de la fe a las diversas edades y culturas humanas, como para adaptar eficazmente su actividad a las condiciones y circunstancias cambiantes.
«El secreto se ha de restringir y limitar sólo a lo que exijan la fama y estima de las personas y los derechos de los individuos y de los grupos».15


Paulo VI, congruente con su pensamiento, abolió la censura en la Iglesia, por decreto del 19 de marzo de 1975. La censura era contraria a toda su enseñanza, contraria a la libertad y al derecho natural de libre expresión que la Iglesia proclamaba. En otras palabras, era violatoria de los derechos que la Iglesia proclamaba y de la libertad que exigía, como estaban expuestos en la doctrina que enseñó a lo largo de todo su pontificado y que sintetizó en la Communio et Progressio. La censura, que él redujo a los casos extremos, violaba los derechos inalienables, imprescriptibles y primarios de la persona humana. La Iglesia no puede predicar una cosa afuera y hacer la contraria adentro. La Iglesia no puede violar los derechos de sus miembros, mientras le exige al mundo que no los viole en su ámbito propio. La lógica era contundente y la censura quedó abolida en la Iglesia, en cuanto obligatoria, salvo los casos extremos y los tres casos que el mismo Papa exceptuó: el texto de la Sagrada Escritura, los textos litúrgicos oficiales y los textos de enseñanza de la doctrina católica.

El Código de Juan Pablo II

Duró poco la abolición. Juan Pablo II volvió a imponerla en su Código de Derecho Canónico. He aquí las leyes promulgadas.


El Canon 823 establece el deber y el derecho que tienen los obispos, individualmente o reunidos en Conferencias Episcopales:



El Canon 824 establece la obligación de solicitar la licencia o la aprobación del obispo del lugar para editar libros o cualesquiera escritos destinados a la publicación.


El Canon 825 prohibe publicar los libros de la Sagrada Escritura o su traducción vernácula sin aprobación de la Santa Sede o de la Conferencia Episcopal.


El Canon 826 establece lo mismo para los libros litúrgicos y para sus traducciones, en todo o en parte. Y lo mismo para la publicación de libros de oraciones para uso público o privado.


El Canon 827 refiere la misma prohibición a los libros catequéticos. Además, establece:


El Canon 829 establece que la aprobación para editar una obra sólo vale para la primera edición, no para ediciones sucesivas ni para traducciones.


El Canon 830 se refiere a los censores:


  1. Deben ser nombrados por el obispo y por la Conferencia Episcopal.

  2. Deben destacar por su ciencia, recta doctrina y prudencia.

  3. Deben dejar de lado toda acepción de personas y tener presente sólo la doctrina de la Iglesia sobre fe y costumbres, como la propone el magisterio de la Iglesia.

  4. Deben dar su juicio por escrito. La decisión final queda a juicio del obispo.


El Canon 831 prohibe:


El Canon 832 manda que los religiosos, además de la licencia del obispo, necesitan permiso de su Superior mayor.

Pensamiento final

Nuestros tiempos son de actitud crítica. La crítica es un proceso que consiste en la liberación del ser humano de aquellas tutelas que le mantienen en situación de menor de edad. De ahí que todo aquello que sea prisionero de modelos o categorías proteccionistas —como el dogmatismo religioso— considere a la crítica como un proceso de liquidación. Lo es realmente, pero tan sólo de los impedimentos a la libertad.

Una de las objeciones que se esgrimen contra la opinión pública y contra la libertad de investigación, de pensamiento y de expresión, es que se crearía en la Iglesia una torre de Babel. Asoma la añoranza de otras épocas de cristiandad.


Esta objeción implica una interpretación de la unidad de la Iglesia, de los cristianos —quizá de todos los hombres y mujeres—, como unidad en la doctrina, en la ortodoxia y en la manera de pensar. Es la unidad vertical a partir de la autoridad y creada por ella, como es creada por ella la comunidad misma. La autoridad es el criterio de la verdad, la dirección de la marcha y el elemento que aglutina y que une. Sólo a partir de la autoridad no se da una Torre de Babel. Sin la autoridad o fuera de la autoridad sólo se dan la confusión y la multiplicidad de lenguas.


Pero la unidad evangélica no está allí. Está en el amor, en la fraternidad y en la justicia. Eso es lo que une, lo que vincula y lo que iguala. Los hombres y las mujeres no hablan lenguas diferentes porque piensan distinto en determinados aspectos doctrinales, sino porque no se aman, porque se oprimen, se explotan y se dominan los unos a los otros. La unidad evangélica es amarse unos a otros, no pensar igual. Allí es donde están la desunión y la dispersión, no en el pluralismo de opinión ni en la libertad de pensamiento y de expresión. «Somos pluralistas porque somos católicos», dijo Paulo VI.


Nadie, ni siquiera la Iglesia, posee la verdad en este mundo. Todos avanzamos penosamente en busca de la verdad, incluyendo a la Iglesia. Así dijo Paulo VI en su decreto sobre las indulgencias. Pretender que todos hablemos una misma lengua implicaría la posesión de la verdad. O su imposición. Por eso insisten Pío XII, Juan XXIII y Paulo VI en el derecho que todos y cada uno tienen a su verdad, a su opinión y a poder expresarse plenamente y sin cortapisas, porque ese es un derecho inalienable de la persona humana, que no se debe violar.


Este fue el sentido de la abolición del Indice de Libros Prohibidos y de la censura. Juan XXIII declaró inalienable el derecho del hombre y de la mujer a su opinión, a su expresión libre, a una información completa y a que no se reprima ni se oculte la verdad que cada quien posee, parcial como la de todos los demás. Eso es poner la unidad donde verdaderamente está, en el amor y no en la ortodoxia.


Cada generación, cada época, cada cultura buscan, dentro de la Iglesia, reinterpretar y readaptar el Evangelio a su propio mundo, buscan su manera de llamarle padre a Dios y de entender a Jesucristo. Y tienen derecho de pensarlo, de decirlo, de crearlo y de luchar por ello. Eso es opinión pública.


No es fácil la tarea de la opinión pública. Tampoco es fácil reformular la expresión cristiana. La comunidad es el lugar propio de esa reformulación; pero la conciencia individual y comunitaria todavía es muy dependiente de las formas y de los contenidos heredados. La opinión pública no es falta de respeto.


Paulo VI, en una de sus alocuciones de los miércoles, antes citada: «¿Quieren ser personas de nuestro siglo y gente despierta? Esfuércense por obtener las informaciones útiles para la vida. No permanezcan en la ignorancia y en la apatía. No sean ovejas que caminan con la cabeza baja.»

1Cfr. Robert Lane y David Sears, La Opinión Pública.

Alfred Sauvy, L’Opinion Publique.

Werner Post, Opinión Pública

Chronique Sociale de France, L’Opinion Publique.

2Cfr. Giancarlo Zizola, La Restauración del Papa Wojtyla

3Cfr. Eamon Duffy, Saints and Sinners - A History of the Popes, Yale University Press, 1997.

Richard P. McBrien, Lives of the Popes, Harper, San Francisco, 1997.

Peter De Rosa, Vicars of Christ - The Dark Side of the Papacy, Corgi Books, 1989.

E.R. Chamberlin, The Bad Popes, New American Library, 1971.

4Fue su mensaje al III Congreso Internacional de la Prensa Católica, en Roma, el 18 de febrero de 1950. Apareció en L’Osservatore Romano ese mismo día. La traducción castellana fue publicada en la revista Ecclesia, I, p.201, 1950.

5Pacem in Terris, 222.

6Pacem in Terris, 260 y 283

7Discurso a la Unión Católica de la Prensa Italiana, 1961.

8Mensaje al XV Congreso Internacional de la Prensa Católica, 1 de mayo de 1965.

9Carta a la LIII Semana Social de Francia, julio de 1966.

10Homilía a la Unión Internacional de la Prensa Católica, 1 de diciembre de 1963.

11Puede consultarse el libro de Monseñor Jesús Iribarren, El Derecho a la Verdad, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos en 1968, hace un recorrido exhaustivo de la doctrina pontificia sobre opinión pública, prensa y medios de comunicación en general, desde el 15 de agosto de 1832, pontificado de Gregorio XVI. Cita 230 documentos pontificios sobre el tema. Allí pueden consultarse — tiene un índice documental y temático completo— los textos exactos de cada Papa, que aquí sólo se sintetizan. Por desgracia, el libro sólo llega hasta el 17 de junio de 1967. Paulo VI tuvo todavía muchas cosas que decir después de esa fecha.

12A la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales, 5 de junio de 1970.

13Audiencia General, 15 de mayo de 1969.

14Audiencia General, 18 de agosto de 1971.

15Encíclica Communio et Progressio, pássim.