Pedro Antonio Reyes Linares
CEREAL
En las últimas décadas, en toda la América Latina, y por las presiones de los organismos financieros internacionales (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), las leyes laborales han sido cuestionadas y se han hecho proyectos de reforma que las hagan más flexibles a las exigencias del mercado. El proyecto neoliberal que se ha implementado desde los grandes capitales, usando los gobiernos y organismos que manejan la economía y política mundial, no puede aceptar una regulación del trabajo que defienda que los derechos de los trabajadores son más importantes que los derechos de la productividad. Es la productividad la que debe dirigir todo lo que se puede o no se puede hacer en el mundo laboral y los derechos laborales, ganados por la lucha de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, son exigencias que tienen que adaptarse a este principio fundamental.
En México, las medidas de este proyecto político y económico se han venido implementando fielmente desde 1982, a veces con el amparo de cambios en las leyes y, otras, como en el caso del mundo del trabajo, evadiendo o violando la ley. El movimiento de los trabajadores y trabajadoras, aún en contra de sus dirigencias sindicales, así como la resistencia de diversos grupos de la sociedad civil, ha hecho imposible que la Ley Federal del Trabajo se adecue para servir a los intereses de los que promueven el proyecto neoliberal. Esto, aunque ha detenido los cambios en la legislación, no ha podido frenar del todo la implementación de estas medidas de «flexibilización» (es decir, de hacer adaptables las condiciones del trabajo a las condiciones que marca la productividad: salario según productividad, descanso según productividad, etc.). El nivel de vida y de organización de los y las trabajadores se ha visto afectado drásticamente preparando el terreno para disminuir la resistencia a la flexibilización. La idea es que no se lleve el debate al nivel del diálogo y las razones, sino al de la desesperación y el silencio donde la negociación pueda llevarse a cabo sólo entre aquellos que están en los puestos de poder.
Éste es el panorama en que se piensa en una nueva propuesta de reforma de la legislación laboral planteado como modernización. En junio del año 2001, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocó a las cámaras empresariales del país, y a los sindicatos del Congreso del Trabajo y de la Unión Nacional de Trabajadores, para iniciar una Mesa Central de Decisión que realizara un proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo. Esta convocatoria está en continuidad con los intentos de reforma que en el pasado hicieron la Coparmex (1986), el gobierno de Carlos Salinas y el gobierno de Ernesto Zedillo para «adaptar la legislación laboral a los nuevos tiempos del mercado». También en esos años, tanto el PAN como el PRD presentaron proyectos de reforma, el primero ya como iniciativa de ley, y el segundo como anteproyecto. Detrás de estos intentos están más de veinte años de presión de los organismos financieros internacionales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que consideran a la ley mexicana demasiado rígida para los intereses de los inversionistas en el mercado.
Hoy, nuevamente, después de estos intentos, la Ley Federal del Trabajo se encuentra en discusión. La propuesta de reforma ha sido impulsada por los grupos empresariales fuertes, nacionales e internacionales, que intentan aumentar su capacidad de competencia y de expansión de sus empresas, ya de por sí las mayores de México, lo que contribuye al debilitamiento aún mayor de las medianas y pequeñas empresas, ya afectadas por los cambios en las políticas gubernamentales que ha significado el neoliberalismo, y a la precarización de la vida de los y las trabajadores de nuestro país.
Esto conviene sólo a los intereses de los grandes capitales, que luchan por establecer las condiciones perdidas por el capitalismo en los dos últimos siglos, por la lucha de los trabajadores y la reflexión que llevó a poner las bases de un Estado Social de Derecho. Hoy también, la propuesta de reforma pide que sean suprimidas en México lo que él considera «rigideces laborales» para dejar libre curso a las iniciativas del mercado. Esta propuesta se muestra como una amenaza, ya vigente en la práctica, a los derechos laborales y a la vida y dignidad de las personas trabajadores en cuanto las condena a la dependencia absoluta a la lógica e intereses de los dueños de las empresas. Esto hace urgente una palabra que ilumine desde la fe cristiana el problema del trabajo y señale las líneas irrenunciables desde el Evangelio de Jesús.
En los intentos anteriores, la organización de los trabajadores, que poco a poco ha crecido en y frente al sindicalismo tradicional, y la sociedad civil organizada lograron hacer reflexionar sobre la realidad que se vive en el mundo del trabajo y los efectos negativos que tiene esta reforma, tal como es pretendida, y presionar para detenerlos. Sin embargo en 1996, en acuerdo con el entonces dirigente de la CTM, Fidel Velásquez, surgió un documento del presidente de la Coparmex, Carlos Abascal Carranza (actual Secretario de Trabajo y Previsión Social), llamado «Nueva Cultura Laboral». Éste constituía el programa para la reforma de la legislación laboral, por la vía práctica en flexibilización de salarios, jornadas, contratos y el debilitamiento de la organización de los trabajadores y de la libertad sindical real. Estos principios, aún ilegales, empezaron a usarse en las empresas más grandes del país con la anuencia de las autoridades laborales desestabilizando la vida de la gran mayoría de los trabajadores y de las empresas medianas y pequeñas. La Reforma empezó en la práctica, y ha mostrado ya sus resultados.
En diferentes ciudades del país la situación de los trabajadores y trabajadoras mexicanos se ha hecho cada vez más precaria. La flexibilización de contratos se ha hecho práctica común. Los contratos temporales invaden el mercado de trabajo: los trabajadores firman una y otra vez durante años (hay contratos hasta por semana, por 28 días o por tres meses), perdiendo la seguridad de su empleo, prestaciones de ley como la antigüedad, y sometiéndose a las presiones que se ejercen en su contra para ser «recontratado» en la siguiente fecha de contratación. Esta forma de contratación se ha hecho regla en las grandes empresas transnacionales.
También, se ha hecho también práctica común la reducción de salario, ya bajo de por sí, que ha dejado a muchas personas en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez y otras en una situación desesperada que pone en peligro su estabilidad personal y familiar. Esto abre la brecha entre los salarios de los trabajadores operarios y los técnicos o ingenieros, y debilita las industrias que por su tamaño, su ética y su tradición, no pueden recurrir a estas medidas injustas y pierden su posibilidad de seguir trabajando al no poder competir. Así se promueve el monopolio.
Y así también, las largas jornadas de hasta dos o tres turnos seguidos, sin pago de horas extras, con el pretexto de la productividad y el «compromiso con la empresa». Poco a poco, estas prácticas van provocando una instrumentalización de la persona que trabaja, sujeta a las exigencias de la productividad y a sus ritmos cambiantes en los mercados de los países más poderosos, olvidando el carácter personal y necesario del trabajo y limitándose a preocuparse por el beneficio y la ganancia. Los trabajadores y trabajadoras se ven cada vez más imposibilitados de atender integralmente su vida personal y familiar, perdiendo toda estabilidad, creando una cultura de inseguridad que fomenta la violencia en el seno familiar, y descuidando las actividades que construyen su persona más plenamente, como son la convivencia familiar y social, y el cultivo de su dimensión espiritual.
Estas mismas prácticas han debilitado cada vez más la posibilidad de una verdadera libertad sindical, que incluya las bases suficientes de democracia y de participación en las empresas, y permita la formación de sindicatos que realmente representen a los trabajadores y coadyuven al bien común. Y han alcanzado a las mismas empresas mexicanas, en su mayoría medianas y pequeñas, que sufren las inclemencias de un mercado absoluto donde las exigencias del más fuerte pueden modificar las condiciones en que se plantea su relación con los gobiernos y obtener facilidades que son inalcanzables para los pequeños y medianos, que sucumben en la feroz competencia del mercado.
Pero lo más preocupante es que todas estas medidas, que hasta ahora se han mantenido como prácticas ilegales pero existentes, es que el proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quiera ahora elevarlas a estatuto legal. Es grave porque, aunque débil, ahora es posible todavía la resistencia de los trabajadores y trabajadoras ante las presiones e imposiciones patronales para flexibilizar sus derechos laborales y adecuarlos a la productividad. Si se pierde, sin embargo, la Ley Federal del Trabajo, se pierde la oportunidad de resistencia y las bases fundamentales de un estado social como el que se empezó a construir desde 1917, con una constitución que se reconoce como una de las más avanzadas del mundo. El proyecto de la Secretaría del Trabajo pretende desechar los principios de esta Constitución en una discusión de cúpulas cerrada a la sociedad y a diversos sectores interesados: campesinos, trabajadores no sindicalizados, estudiantes, mujeres, indígenas e intelectuales.
Igualmente grave es el hecho de que en este documento presentado por la Secretaría del Trabajo se resume el pensamiento que tiene el gobierno de Vicente Fox, y de la misma Secretaría, en asuntos fundamentales para la construcción de nuestra sociedad. La concepción de persona, de derechos humanos y de trabajo, tres temas básicos para comprender la sociedad y el desarrollo social, quedan presentes en el documento, en un discurso supuestamente humanista, pero con una concepción corta respecto de lo que en estas materias se ha avanzado a nivel internacional. Y lo que resulta tremendamente grave en esto, es que la mentalidad determina el estilo de prácticas y decisiones que como autoridad han de tener en los juicios y resoluciones que se toman en los casos concretos. Esto es especialmente perjudicial respecto del trabajo, ya que en este caso, dependen sólo de Poder Ejecutivo los procesos, la impartición de justicia, la conciliación y las decisiones sobre los derechos de los mexicanos y mexicanas en cuanto trabajadores y en cuanto familias trabajadoras. Aunque el Poder Legislativo es el que decide de los cambios en la legislación laboral, las decisiones en la práctica se toman en el ámbito de la Secretaría del Trabajo.
Así la población trabajadora en nuestro país queda en una indefensión grave, cuando la concepción de las autoridades se reduce en grados tan preocupantes. Por ello se hace urgente el debate con aquellas instancias y grupos que, por su propia naturaleza y trabajo, pueden lanzar una mirada crítica que enriquezca y confronte estas concepciones básicas (persona, derechos humanos, trabajo) para darle a la discusión el nivel que exige. He aquí la importancia de la participación amplia en el debate, tal y como se había propuesto por parte de organizaciones sindicales y civiles como una «Cumbre Nacional» en los «20 Acuerdos sobre Compromisos con la Libertad Sindical» que firmó el Presidente Fox, siendo todavía candidato, acuerdo que se incumple con la convocatoria de la Secretaría del Trabajo. Nuestra mirada no puede ir solamente al éxito o fracaso de una reforma laboral bajo estos términos, sino también mantener una postura crítica para incidir en el ámbito práctico y cotidiano en que se juzga y se decide sobre la vida concreta de los y las trabajadores.
Esta necesaria participación de la sociedad y sus organizaciones, entre ellas la Iglesia, en el problema del trabajo, fue lo que motivó el surgimiento de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. La Doctrina Social inició como una reflexión acerca del trabajo desde la fe cristiana, para generar desde la visión crítica, propuestas constructivas para lograr la justicia en el mundo laboral. Los tiempos actuales, en que se respiran aires de cambio en la concepción del trabajo, hacen fundamental un nuevo esfuerzo de la Iglesia en esta dirección, para iluminar con su reflexión las posibilidades de realizar la justicia en el mundo laboral actual. Nuestra reflexión quiere seguir, desde sus modestas posibilidades, esta misma tradición.
Para nuestro análisis, hemos elegido el documento presentado por la STPS como «Marco Conceptual», por ser el que resume la concepción que del trabajo tiene la autoridad actual, que condiciona por tanto, sus prácticas y propuestas en materia de trabajo. Más allá de que este Marco constituya en sí una propuesta de reforma de la ley laboral, nos da ya las pistas y principios que guían la actuación de la autoridad laboral. Por ello, resulta fundamental su análisis y su crítica para mejorar el espacio en el que trabajadores y trabajadoras defienden sus derechos laborales.
El «Marco Conceptual» de este documento no es una iniciativa nueva. Vuelve sobre los principios presentados en el documento «Nueva Cultura Laboral» de 1996, realizado por Carlos Abascal ya criticado por diversos analistas y especialistas en el mundo del trabajo. En el Marco Conceptual, como en aquel documento, se presenta un análisis parcial y reduccionista de la realidad actual de la globalización y el trabajo, del concepto de persona y de derechos humanos, con el que pretende convencer de la necesidad de aceptar medidas que pierden el carácter social de la legislación laboral y distorsionan la naturaleza del trabajo y, por ende, del derecho laboral.
El Marco Conceptual maneja una definición ambigua de persona, que culmina en la interpretación individualista de los «derechos fundamentales de la persona». Se reduce a la persona al individuo y sus derechos a un ámbito de libertades que el gobierno debe custodiar como inviolables. Todo lo que el Estado puede hacer por los derechos humanos es poner una especie de cerco alrededor de la persona para que nadie le haga daño (especialmente el mismo Estado en sus diversos cuerpos), pero no se obliga por los mismos derechos humanos, en promover activamente la vida de la persona ni la justicia en sus relaciones. Ésta interpretación individualista (que se ha llamado «garantista»), es incompatible con el avance en todo el mundo respecto del Derecho del Trabajo. Es incompatible, por ejemplo, con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que la responsabilidad del Estado implica la acción directa para asegurar la realización concreta de los derechos, y no meramente poner las condiciones para que la acción libre de los actores produzca el Estado de Derecho.
Cuando se sigue la interpretación individualista, al Estado se le niega la facultad de procurar el cumplimiento de estos derechos sociales, y se convierte meramente en un garante de la libertad individual. La doctrina cristiana ha denunciado muchas veces la falsedad de esta interpretación, puesto que no permite el desarrollo pleno del Estado en todas sus posibilidades. El papel del Estado como impulsor de esta procuración real, implica una acción real y eficaz para que florezcan «espontáneamente» (Rerum novarum 23) las condiciones en que puedan ser realizados los derechos de los trabajadores. Esta responsabilidad del Estado es «inexcusable» y así lo han recordado todos los pontífices desde León XIII, especialmente Juan Pablo II cuando considera al Estado como «empresario indirecto». Esta responsabilidad del Estado es irrenunciable desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Es decir, de acuerdo a la Doctrina Social, el Estado no debe poner las condiciones para que la acción libre de los agentes en el mundo del trabajo espontáneamente realice la justicia, sino que debe actuar directamente para procurar la justicia en todos los procesos. Esta acción hará posibles y cada vez más estables las condiciones que faciliten la defensa de los derechos laborales.
El procedimiento queda así, viciado de origen, puesto que la Secretaría del Trabajo, y con ella el gobierno federal, abandona su «deber inexcusable» perdiendo la posibilidad de dar una «política laboral correcta» (Laborem exercens 17). Al rehusarse a la tutela de los derechos de los trabajadores y proponer como últimos responsables del empleo a «las empresas», deja su responsabilidad como procuradora de los derechos de los trabajadores, que debe salvaguardar estos derechos de la imposición de intereses particulares.
De acuerdo al realismo que pide la doctrina social, y al que alude el mismo documento de la Secretaría del Trabajo, tenemos que reconocer que la negociación de intereses particulares de sindicatos de trabajadores y patronales no pueden abarcar toda la complejidad y las necesidades del mundo actual del trabajo. La tutela que la autoridad debe ejercer es condición esencial para la verdadera justicia en las relaciones laborales.
El procedimiento actual propuesto por la Secretaría del Trabajo, pretende guiarse solamente por los intereses de los grandes sindicatos y de los empresarios, puesto que son los únicos participantes con voz y voto en la discusión. Se olvida así a la gran multitud de trabajadores y empresarios no representados en los sindicatos. Pero esto se explica además porque, en el Marco Conceptual, reduce el trabajo al empleo al asegurar que «sin empresa no hay trabajadores, por la sencilla razón de que sin empleadores no hay empleo». Si en el trabajo sólo se reconoce a empleadores y empleados, se explica la posición de la Secretaría de convocar sólo a estos actores, en sus representantes (sin cuestionar la legitimidad de esa representación), porque solamente a ellos les competería el asunto del trabajo.
Pero esto no es así. El trabajo es la condición universal en que se realizan todos los hombres y mujeres, como lo ha recordado Juan Pablo II en la encíclica Laborem exercens, y esto implica una realidad superior a la del empleo. El procedimiento seguido excluye así a trabajadores no empleados (comerciantes, profesionales libres, etc.) así como a los trabajadores y trabajadoras del campo que trabajan su propia tierra, por sólo mencionar a un grupo importante, favoreciendo la exigencia de «urbanización» a la que están siendo obligados, abandonando las formas culturales y tradicionales que les han permitido vivir durante siglos. Éste es un punto particularmente delicado en el caso de los pueblos indígenas, también excluidos de la discusión.
El proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo se une a los que pretenden concentrar a la población rural en núcleos urbanos, obligándolos a dejar el campo y convertirse en nuevas «masas» miserables en la ciudad, como ha venido sucediendo cada vez más en los últimos años. Este movimiento pone en peligro el tejido frágil de la sociedad rural, después de 20 años de neoliberalismo y de varios siglos de explotación y desigualdad en el reparto de tierras, y junto con ella el tejido del Estado entero, puesto que agrava los problemas de marginación y de pobreza en el campo y en las ciudades. Sin embargo, de acuerdo al Marco Conceptual, esta reducción del trabajo al empleo tiene que ser aceptada como principio en la reforma de la Ley Federal del Trabajo. El trabajo tiene siempre prioridad a la relación de empleo, para poder abordar toda la complejidad de la situación y lograr la justicia. Es un principio irrenunciable, que nos ha recordado Juan Pablo II en toda su doctrina sobre el trabajo y, especialmente, en Laborem exercens.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social justifica su posición en pro de este tipo de reforma por imponer un análisis reduccionista de la globalización que se limita a decir que «existe» y tenemos que adaptarnos a ella. Esta posición ha sido criticada recientemente por el premio nobel en economía, Joseph Stiglitz, y también por las reflexiones sobre la globalización de Juan Pablo II. Con este falso argumento, la Secretaría del Trabajo saca conclusiones apresuradas («revolucionarias», las llama) para proponer como principios necesarios la «eliminación de rigideces laborales», el «fomento a la capacitación» y los «empleos polifuncionales». Son los principios que ya en la práctica han debilitado la estabilidad del trabajador, y su libertad para cuidar de su familia y de su dimensión trascendente. Finalmente propone, desde aquí, que el principio normativo que debe regir en todos estos asuntos ha de ser la protección jurídica de la empresa. Los salarios, las prestaciones, las oportunidades de capacitación, etc., tendrán que regirse siempre según el principio de permanencia de la empresa, porque es la fuente de trabajo. Olvida que la empresa puede resultar, como toda creación humana, no un bien sino un mal, cuando no puede ofrecer trabajo y salario digno, o cuando causa algún perjuicio a la sociedad en su conjunto, como cuando provoca un daño a la vida de la comunidad en que se establece.
La empresa es un producto humano. La fuente de trabajo, inclusive en la empresa, es la persona humana. Por eso, la empresa no puede ser considerada por encima del bien de la comunidad de individuos que la construyen con su trabajo, sino que tiene que ser medida siempre en relación a ellos. En esa medición tienen prioridad los derechos humanos de los trabajadores (que aseguran una vida digna a través de su trabajo) y los derechos humanos de la sociedad toda (que aseguran una vida social justa, que permita el desarrollo y la subsistencia, y que promueva la paz y el respeto a la autodeterminación). No es posible que la persona y la sociedad queden subordinadas a las obras de sus manos, porque se pervierte todo el orden moral y el derecho. Este principio fundamental e irrenunciable es la base de la doctrina cristiana sobre el trabajo. El hombre y la mujer han sido creados para dominar todas las obras de la creación, también las obras de sus manos, y no han de ser sometidos jamás a ellas, porque se pierde inmediatamente todo fundamento para reconocer la dignidad humana. Si este principio no se respeta, los discursos sobre derechos humanos y dignidad de la persona, son solamente palabras.
La propuesta de la Secretaría del Trabajo de hacer de la «protección jurídica de la empresa» el principio normativo para la regulación de las relaciones laborales, hace de la persona humana un instrumento al servicio de las obras humanas. Se pervierte así toda la realidad de la persona puesto que se niega prácticamente su dimensión trascendente, al considerar la apertura a esta dimensión sólo individualmente. Es el reclamo constante de la doctrina social de la Iglesia Católica a los proyectos políticos que se ofrecen en nuestras sociedades. Es preocupante que este proyecto se pretenda respetuoso de la persona humana y los derechos humanos, cuando en realidad, los pervierte para hacer de la persona instrumento. Es más preocupante aún que esta reforma agrave la frágil condición de la mayoría de personas en nuestro país, los trabajadores, y los medianos y pequeños empresarios a quienes se condena a una competencia desigual y feroz que fomenta los monopolios.
Este marco conceptual es, en realidad, una propuesta de flexibilización que responde a las exigencias de los grandes empresarios de México y extranjeros, que quisieran una legislación laboral adecuada a sus propios intereses. La Ley Federal del Trabajo es uno de los ejes fundamentales del Estado Social en que México quiso constituirse desde 1917. Su reforma implica un cambio radical en la concepción y realidad del Estado, y hacerla privilegiando la posición empresarial por encima de la sociedad en su conjunto y de los trabajadores y trabajadoras, resulta un perjuicio en contra de la nación entera y de los derechos ganados como derechos de la humanidad. Cualquier reforma, más que mirar al pasado y renunciar a las conquistas logradas, tendría que avanzar efectivamente en la constitución de un Estado democrático y justo. Esto hace fundamental conservar la tutela del Estado y aún ampliarla para asegurar la vida democrática en las organizaciones de trabajadores y empresarios.
La Iglesia Católica, «experta
en humanidad» (como la han llamado los últimos
pontífices), condena, en su tradición, este tipo de
proyectos que ponen las bases para la destrucción de la vida
de las personas, por la injusticia en el medio que debería
promover la vida y la construcción de la sociedad: el trabajo.
Es necesario que los católicos, junto con todos los hombres y
mujeres de buena voluntad, tomemos una postura en este proceso y que
defendamos el don que Dios nos ha hecho desde la Creación:
dominar la tierra y las obras de nuestras manos, y no quedar nunca
sometidas a ellas. Sólo en el ejercicio de este don es que es
real y posible hacer la irrenunciable voluntad de Dios: que tengamos
vida en abundancia, que seamos libres en la verdad. Ésa es
nuestra responsabilidad, aún cuando algunos pudieran tacharnos
de intransigentes, como lo ha hecho ya con diversos sindicatos y
organizaciones, la actual Secretaría del Trabajo y Previsión
Social. Será el precio de defender lo que desde Jesús
es irrenunciable: el deber y el derecho de promover una vida justa,
para «gobernar el mundo en justicia y santidad» (Gaudium
et spes 34).