Los derechos humanos al inicio de la administración de Felipe Calderón

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los derechos para todas y todos”.

 

Balance de la Administración de Fox

 

Luego de seis años de que México ha sido considerado un país democrático, al ganar la oposición por primera vez la presidencia de la república después de 71 de dominio del PRI, la situación de los derechos humanos no mostró mucha mejoría. Si bien durante su sexenio se tuvieron avances importantes como la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la apertura al escrutinio internacional, la ratificación de numerosos tratados de derechos humanos, la liberación de presos de conciencia como los ecologistas Rodolfo Montiel y Cabrera y el General Gallardo, la instalación de una Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México y la elaboración de un Diagnóstico por parte de ésta como parte del Acuerdo de Cooperación Técnica alcanzado, esto no se vio reflejado en un cambio sustantivo en los derechos humanos en México.

El Programa Nacional de Derechos Humanos que supuestamente atendería las recomendaciones del Diagnóstico de la OACNUDH fue sólo un conjunto de actividades que no impactaron en cambios sustantivos en la situación de los derechos humanos. La propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos no avanzó en el congreso, porque no hubo un interés real de impulsarla; la impunidad continuó siendo la regla para las violaciones a los derechos humanos recientes, pero también para las violaciones graves a los derechos humanos de las décadas de los 60 y 70, que permanecieron impunes a pesar de la creación de la Fiscalía Especial para resolver dichos casos. En el sexenio de Fox hubo 32 reporteros asesinados y 5 desaparecidos, según la Sociedad Interamericana de Prensa[1] colocándonos en segundo lugar en el mundo, tan sólo después de Irak.

Finalmente el último año de Fox estuvo marcado por la represión en Atenco, donde decenas de personas fueron detenidas, golpeadas y varias mujeres violadas, y la represión en Oaxaca a raíz del  conflicto que vivió la entidad en el que hubo innumerables violaciones de derechos humanos, incluidas la muerte de 25 personas.

Proceso Electoral e Instituciones Electorales

El proceso electoral para el cambio presidencial del 2006, es quizá el más decepcionante resultado de la administración de Fox, donde las instituciones que por fin habían alcanzado un grado importante de legitimidad - particularmente el Instituto Federal Electoral – quedaron cuestionadas luego de una contienda muy cerrada, campañas sucias sin control, la intervención ilegal del entonces presidente Fox y varios empresarios en el proceso que no fueron sancionados, y sin que esto influyera al momento de resolver las impugnaciones presentadas.  El triunfo del Presidente Felipe Calderón por un margen muy estrecho – 0.5% de la votación – quedó así fuertemente cuestionado por al menos una tercera parte de la población.

Además del proceso electoral del año 2006, algunos de los procesos locales, como el del estado de Yucatán, se han caracterizado por estratosféricos gastos de campaña, insuficiencia de mecanismos de control sobre los mismos gastos e instauración de campañas negativas. Todo eso tiene como consecuencia una baja de la calidad de nuestra democracia electoral y un creciente desprestigio de las instituciones electorales.

 

La Administración de Felipe Calderón

Una de las principales diferencias entre el gobierno de Fox y el de Felipe Calderón ha sido la  posición respecto de los derechos humanos. Mientras Fox el primer día de su administración firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica con la OACNUDH, y creó una subsecretaría de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Felipe Calderón no ha hecho ningún compromiso expreso y claro con la vigencia de los derechos humanos y en cambio nombró en la Secretaría de Gobernación, al ex gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña[2], quien como gobernador de Jalisco avaló graves violaciones a derechos Humanos, como fue el premiar a los policías que detuvieron arbitrariamente y torturaron al menos a 19 personas[3]. Durante la presentación de su informe de actividades en febrero pasado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco señaló que la tolerancia a la tortura y la sistemática violación a los derechos humanos marcaron la administración de Ramírez acuña con más de 800 quejas por tortura durante su sexenio.[4] Al frente de la PGR Calderón designó a Eduardo Medina Mora, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública bajo cuyo mando se realizó la represión en Atenco, con un saldo, según la CNDH, de 2 muertos, 145 personas detenidas arbitrariamente, cateos arbitrarios y 26 mujeres víctimas de agresiones sexuales, y la totalidad de los 207 detenidos golpeados y maltratados[5].

El resto de los funcionarios de su gabinete no tienen conocimiento del tema derechos humanos y tampoco experiencia de trabajo con organizaciones civiles. El actual subsecretario jurídico y de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación fue notario público y no tiene ninguna experiencia en Derechos Humanos. Estos antecedentes y la falta de apertura hacia las organizaciones civiles da como resultado que actualmente no existan condiciones para el diálogo y la cooperación entre sociedad y gobierno.  Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que en esta nueva administración ya no está vigente el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) elaborado durante la administración de Fox y en el nuevo PNDH que estaría elaborando la administración de Calderón las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de derechos humanos tendrán una participación en seminarios sin que se tome en cuenta su opinión.

Combate al Narcotráfico, Seguridad Pública y Militarización

La prioridad de la administración de Calderón ha sido desde un principio el combate al narcotráfico. A pesar de las recomendaciones de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos[6], así como de muchas voces al interior del país, Calderón realizó la incorporación masiva de miembros del ejército en tareas del combate frontal al narcotráfico.  El 13 de diciembre de 2006 se anunció la incorporación de 10,000 militares y marinos a la Policía Federal Preventiva (PFP) e iniciaron una serie de operativos militares en varios estados del país.

Junto con lo anterior ha desplegado una intensa campaña en medios de comunicación en la cual se alienta la idea de que las medidas de mano dura son las mejores y que quienes se oponen a ellas, como es el caso de las organizaciones de derechos humanos, son enemigos de la ciudadanía.

Por otro lado, a pesar de los operativos militares y el amplio despliegue de fuerzas armadas en el país, las ejecuciones van en aumento. Durante la administración de Fox hubo 9 mil ejecuciones relacionadas al Narcotráfico (1500 por año), según el Informe de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados[7] mientras que en los primeros 5 meses de 2007 se registraron 1200 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado[8]. Según el periódico reforma en 2006 se cometieron 2120 ejecuciones, mientras que en 2007 fueron 2275.

Graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.

La incorporación intensiva del Ejército en las labores de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada ha tenido consecuencias como la instauración de un estado de excepción de facto en varios municipios de Michoacán, sin que existiera el más mínimo mecanismo de control y con la consecuencia de violaciones graves de derechos humanos en contra de civiles y sobre todo de mujeres, entre las que se encuentran:

·         El homicidio de dos mujeres y dos niños de siete años y dos niñas de tres y cinco años, en Alamillos, Sinaloa el 31 de mayo pasado, donde un grupo de militares acribilló a una familia que se trasladaba en una camioneta y que supuestamente no se detuvo en un supuesto retén.

·         La violación y consecuente muerte de una indígena anciana, Ernestina Asencio en el municipio de Soledad Atzompa, en Zongolica, Veracruz, el 26 de febrero de 2006.

·         La violación de al menos dos menores, y varios casos de tortura y detenciones arbitrarias durante los operativos desplegado después de una emboscada donde 5 militares fueron asesinados el 1 de mayo pasado en Carácuaro, Michoacán.[9]

·         Dos individuos que habían estado tomando, fueron acribillados por militares por no obedecer el alto en un retén el 29 abril  pasado en Miguel Alemán Tamaulipas. Uno de ellos resultó muerto y el otro, Manuel Cabrera Hernández herido.[10]

·         El 6 de febrero varios jóvenes fueron baleados en el reten 53 del Batallón adscrito a la 11ava zona militar, cerca de Tealtenango, Zacatecas, al ser confundidos con narcotraficantes, resultando heridos Juan José Ruvalcaba Bulgarín y Elizabeth Mijares Valadez

·         Héctor Adrián Salazar Hernández resultó muerto cuando su amigo que iba manejando no detuvo su camioneta cuando los militares le marcaron el alto en un retén, en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 3 de junio pasado.

·         Durante el festejo del día de las Madres en el auditorio municipal de Miguel Alemán en Tamaulipas, un grupo de soldados disparó sus armas al interior de dicho auditorio. En el tumulto que  se provocó, resultaron heridas Victoria Hernández Palma de 85 años y Yazmín Valdez Hernández de 26.

·         El 3 de junio, Amador Barrientos, ex policía de Gómez Palacio, Durango fue detenido por soldados cuando iba en su auto y su cadáver fue localizado posteriormente el un canal de riego en Matamoros, Coahuila.

Sistema de Procuración y Administración de Justicia e Impunidad

El sistema de justicia en México quedó intocado durante el sexenio de Vicente Fox. La impunidad y las injusticias que habían sido denunciadas incesantemente durante los gobiernos priístas continuaron siendo la regla, tanto en los casos comunes como en las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, el gobierno de Calderón ha sido omiso por completo para investigar las graves violaciones cometidas durante el sexenio pasado.

Como resultado, varios de los casos más conocidos públicamente han llegado directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta realice una investigación y concluya si hubo violaciones graves a los derechos humanos, aunque dichas conclusiones no tengan poder vinculante.  Tal es el caso de las investigaciones sobre el uso - por parte del Gobernador de Puebla, Mario Marín - de las instituciones de procuración de justicia para reprimir y hostigar a la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho; las detenciones arbitrarias, tortura y violación de mujeres en Atenco y la represión en Oaxaca. 

En contraste con la impunidad de estos graves hechos, el 6 de mayo de 2007, tres líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco fueron condenados a 67 años cuatro meses de prisión cada uno por los delitos de secuestro y retención cometidos en agravio de funcionarios del estado de México. La indígena mazahua Magdalena García Durán, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, a pesar de haber ganado varios amparos, estuvo detenida  en relación a los mismos hechos, por 18 meses, siendo absuelta de todos los cargos y liberada el 9 de noviembre de 2007. .

En un estudio realizado por la OACNUDH sobre el Acceso a la justicia para los indígenas en México se detectaron 169 casos de posible tortura a indígenas presos en Oaxaca.[11]

El último día de la Administración de Fox, la Procuraduría General de la República desapareció la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado que se encargaba de investigar las matanzas del 68 y del 71 y los cientos de desapariciones ocurridas en la década de los setentas y principios de los ochentas, sin que hubiera sanciones para los responsables. La administración de Calderón publicó dicho acuerdo validando el cierre de la Fiscalía.

Está próxima a aprobarse en el congreso una reforma al sistema justicia penal que a pesar de establecer los juicios orales y otras garantías importantes, se convierte en un grave retroceso para los derechos humanos al retomar los principales puntos de la propuesta presentada por Calderón y crear un sistema de excepción para la delincuencia organizada, constitucionaliza el arraigo y otorgar facultades a la policía para realizar allanamientos sin orden judicial.

Libertad de Expresión

Los primeros meses del sexenio no han sido mejores que el sexenio de Fox para la libertad de expresión. En febrero de 2007 la Secretaría de Gobernación censuró la transmisión de los programas a que tienen derecho los partidos al PRD porque pasarían la “toma de protesta” de Andrés Manuel López Obrador - el candidato que impugnó la elección presidencial – como presidente legítimo. Asimismo, el periodista José Gutiérrez Vivó, denunció que antes del cambio en la Presidencia, recibió un mensaje del equipo entrante señalando: "están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información, bien; si no, también. Cuando consideremos que hay un buen comportamiento, entonces se arreglará una entrevista con el presidente Calderón".[12] El 23 de marzo Notimex, la agencia gubernamental de noticias, censuró el 5 de febrero pasado, a la periodista Teresa Gurza porque su colaboración de opinión señalaba deficiencias en dicha agencia. Asimismo, se le negó la renovación del contrato para su noticiero en W radio a la periodista Carmen Aristegui, quien daba espacios en su noticiero a la oposición, organizaciones civiles y dio seguimiento a graves violaciones a los derechos humanos como los casos de Lydia Cacho, la pederastía en la Iglesia Católica, las agresiones militares Ernestina Asención, una anciana indígena, entre otras.

En los primeros 14 meses de gobierno hay tres periodistas desaparecidos - Gamaliel López y Geranio Paredes de TV Azteca Noreste el 10 de mayo, y Rodolfo Rincón Taracena del Diario Tabasco Hoy, desaparecido el 20 de enero de 2007-; por lo menos cuatro periodistas han sido asesinados – Raúl Marcial Pérez, Editorialista del Gráfico Oaxaca (8 de diciembre de 2006); Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Guerrero (6 de abril de 2007); Saúl Martínez Ortiz, Revista Interdiario y Diario de Agua Prieta, en Sonora (23 de abril de 2007) y Gerardo Israel García Pimentel, del diario La Opinión de Michoacán (8 de diciembre de 2007)-;  y dos han sufrido atentados – Misael Sánchez Sarmiento del diario regional Tiempo en Oaxaca (12 de junio de 2007) y Alberto Fernández Portilla, director del periódico Semanario del Istmo y del programa BBM Noticias, en la emisora XEKZ (5 de agosto de 2007)-, sin que se hayan encontrado a los responsables de ninguno de los hechos anteriores.  El Diario Cambio Sonora cerró temporalmente debido a la falta de garantías para los trabajadores del mismo. 

Criminalización de la Protesta Social

En los últimos tiempos se ha acentuado el clima de criminalización de la protesta social; es decir que las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones están teniendo, cada vez más, la consecuencia de que un defensor o defensora sean acusados de algún delito y llevados a la cárcel para enfrentar el proceso legal. Ejemplos de esto son:

  • El 13 de marzo de 2007 en el marco de la visita de George Bush a Mérida, se realizó una manifestación donde hubo destrozos al edificio del Palacio Municipal de la ciudad y agresiones a policías por parte de un pequeño grupo de personas que participaban en la manifestación.  La respuesta del Estado fue un operativo de más de 300 policías que detuvieron arbitrariamente y con violencia a 48 jóvenes, la mayor parte de los cuales posteriormente fueron encarcelados y sujetos a incomunicación, tratos crueles y tortura.
  • Después de una movilización realizada por el Frente Democrático Campesino de Chihuahua los días 19 y 20 de febrero de 2007 demandando un programa emergente de preparación de tierras para la siembra, se acusó a varios líderes del Frente Democrático de sabotaje, delito grave y sin derecho a fianza.

En muchos casos, la criminalización se da por defensa de derechos económicos y sociales:

·         La instalación de la Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro en las inmediaciones de la ciudad de San Luis Potosí. Este proyecto ha encontrado resistencia por parte de pobladores, organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, quienes a pesar de que han ganado todos los recursos legales no han podido detener la instalación de dicho proyecto y además están teniendo que enfrentar el hostigamiento y acusaciones legales por causa de su reclamo de derechos.

·         El Proyecto de la Presa de Arcediano que se pretende construir en las inmediaciones de la Ciudad de Guadalajara y en donde sin ningún proceso de consulta con los habitantes de la zona se pretende imponer dicha presa y con ello obligarlos a desalojar sus tierras. Los campesinos han hecho uso de los recursos legales para defender su tierra y actualmente enfrentan hostigamiento y acciones legales en su contra.

La criminalización llegado incluso hacia las personas que se solidarizan con algunas situaciones como:

  • El 13 de noviembre de 2006, a raíz de un viejo problema de tierras no atendido por la autoridad,  unas 300 personas atacaron la Comunidad de Viejo Velasco, en Chiapas resultando 4 personas muertas y 4 desaparecidas y varias heridas. Diego Arcos Meneses un indígena Ch’ol perteneciente a una comunidad cercana al tener conocimiento de los hechos fue a la comunidad con la intención de prestar auxilio a los heridos. A su arribo fue detenido por la policía, golpeado, y acusado por estos hechos, actualmente está sujeto a proceso.
  • Concepción Moreno Arteaga, habitante del poblado el Quemado en Querétaro, fue detenida el 9 de marzo de 2007, cuando alimentaba por razones humanitarias a un grupo de migrantes hondureños y a raíz de eso acusada del delito de tráfico de personas. Los migrantes fueron coaccionados para incriminar a la mujer, quien fue condenada a seis años de prisión.

A partir de estos y otros casos podemos establecer algunas tendencias que está tomando la criminalización de la protesta social:

  1. Tipos penales (asociación delictuosa, daño en propiedad, motín, sedición, secuestro equiparado, etc.) que fácilmente son usados para incriminar a defensores de derechos humanos, miembros de las organizaciones sociales e incluso personas que simplemente son solidarias con alguna persona u organización.
  2. Campañas para presentar a quienes se oponen a presuntos “proyectos de desarrollo” como contrarios al progreso y violentos; campañas que al mismo tiempo ocultan que estos proyectos desalojan de sus hogares a miles de personas y quedan condenados a una pobreza aún mayor. Tal y como lo señala Amnistía Internacional en su informe de 2007. 

Conclusiones

Durante el sexenio de Fox, la comunidad internacional brindó un “bono democrático” y disminuyó notablemente la presión hacia el gobierno para el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos.

El gobierno del presidente Fox no logró generar ningún cambio sustantivo para proteger y garantizar los derechos humanos.

En la actual coyuntura el trabajo de derechos humanos enfrenta una situación desfavorable integrada por aspectos como:

·         El tema de derechos humanos no tiene prácticamente ningún lugar en la agenda política del país.

·         No existen vías adecuadas de interlocución entre el gobierno y las organizaciones civiles e incluso se puede considerar que para algunos integrantes del gobierno federal las organizaciones no son actores reconocidos y legítimos.

·         La estrategia de combate al narcotráfico y la inseguridad nos lleva en la práctica a una situación de que en eras de la seguridad se echan por la borda los derechos humanos y se alienta el desprestigio en contra de las defensoras y defensores.

En general se configura una situación de deterioro de los derechos humanos y la impunidad aparece como el gran reto a vencer.

Es necesario que la exigencia de la comunidad internacional y sobre todo de los gobiernos se incremente hacia el actual gobierno y se presione para lograr compromisos reales con los derechos.

 

 



[1] Periódico La Jornada “En seis años, fueron ejecutados 32 reporteros y desaparecieron cinco”. 4 de mayo de 2007.

[2] Quien se mantuvo en ese cargo del 1 de diciembre de 2006 al 16 de enero de 2008.

[3] Ver: Informe Especial de la CNDH relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayor del 2004, con motivo de la celebración de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Agosto 2004. http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/informes.htm

[4] Periódico La Jornada “Penoso, admitir que persiste la tortura en Jalisco:CEDH”28 febrero de 2007 y Periódico  El Universal Online “Acaba gestión marcada por la violación a derechos humanos” 27 de febrero http://www.eluniversal.com.mx/estados/63979.html

[5] Recomendación 38/2006 de la CNDH, 16 octubre de 2006.

[6] Al finalizar su visita in loco a México, la CIDH señaló “sobre la base de su experiencia, desea llamar la atención de las consecuencias de la utilización de las fuerzas armadas en funciones que atañen a la seguridad ciudadana, pues la misma puede acarrear serias violaciones a los derechos humanos, en virtud de la naturaleza militar y entrenamiento de dichas fuerzas”.  El Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones y Conclusiones después de la revisión del Informe Periódico de México sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señaló que “El mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles.”  CCPR/C/79/Add.109, 27 de Jul 1999, párr. 8.

[7] Periódico La Jornada  “Durante la administración de Fox hubo 9 mil ejecuciones”, 10 enero de 2007.

[8] El Universal en línea , “Ejecuciones en México equivalen a un tercio de muertes en Irak desde el 2003”, 5 de junio de 2007 http://www.eluniversal.com.mx/notas/429275.html

[9] Proceso en línea  14 de junio (apro).-“Sí violaron militares a dos menores en Michoacán: CNDH", 14 de junio de 2007. http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=51604 y Periódico La JornadaCNDH: graves abusos de militares en Michoacán. Hay 52 quejas por cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura.” 16 mayo de 2007.

[10] En Línea Directa- periódico digital de Tamaulipas. www.enlineadirecta.info

[11] Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH. Informe del diagnóstico sobre el Acceso a la Justicia para los Indígenas en México – Estudio de caso en Oaxaca. 2007

[12] Periódico La Jornada “El Equipo de Calderón lanza amenazas contra comunicadores: Gutiérrez Vivo” 7 de diciembre de 2006.