Esquizofrenias, pretextos, preocupaciones y
riesgos
Por Miguel Concha Malo, O.P.
Director del Centro de Derechos
Humanos
“Fray Francisco de Vitoria,
O.P.”, A.C.
INTRODUCCIÓN
Echando mano del significado que
tiene en el lenguaje ordinario una metáfora tomada del campo de la psiquiatría,
el 7 de agosto del año pasado la Secretaria General de Amnistía Internacional
(AI) afirmó que la política del gobierno mexicano en materia de derechos
humanos es “esquizofrénica”, pues mientras en el ámbito internacional es un
“campeón” en su promoción, en lo interno se continúan violando los derechos
humanos de la población. En ello coincide con el diagnóstico de las
organizaciones civiles mexicanas de derechos humanos, que desde el principio
del sexenio pasado vienen reclamando que debe existir coherencia entre la
política exterior y la política interna en esa materia, incorporando reglas y
estándares internacionales a la propia normatividad nacional, al funcionamiento
de las instituciones y a las prácticas de gobierno. Las que frente al
pretendido argumento de valerse del derecho internacional de los derechos
humanos como instrumento para provocar cambios a nivel interno, han reiterado
que es legítimo utilizar los mecanismos internacionales como ariete para
transformar lo que haya que cambiar dentro, con tal de que dichos cambios no se
vean en la práctica cotidiana rezagados.
1.
La situación de los derechos humanos en México
En un Informe sobre la Situación de
los Derechos Humanos --entregado durante su última visita oficial el mes de
abril de 2007 al Dr. Florentín Meléndez, Comisionado Presidente y Relator
Especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos--, tres
instancias académicas y nueve redes de trabajo territorial y sectorial, que
aglutinan a más de 100 organizaciones de derechos humanos en México, se afirma
en efecto que México es un país que cuenta con una
importante presencia en el campo de los derechos humanos a nivel internacional.
Así lo ha manifestado adquiriendo obligaciones a través de
En el 2001 firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con
En el periodo del 2000 al 2006 México tuvo
Vicente Fox se presentaba a sí mismo en efecto como un
decidido defensor y promotor del respeto a los derechos humanos en otros
países, pero en el ámbito interno su compromiso con el tema fue meramente
retórico, al grado de que en el informe El estado de los derechos humanos
en el mundo, Amnistía Internacional señaló que el ex presidente
"concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin
a las violaciones de los derechos humanos y a la impunidad, que siguieron
siendo generalizadas". “México ha firmado y ratificado tratados sobre
derechos humanos muy importantes”, expresó también a finales del año pasado la organización
Human Rights Watch a propósito de ese sexenio, en un informe que lleva como
significativo título el de “El Cambio Inconcluso, Avances y desaciertos en
derechos humanos durante el gobierno de Fox”. “Sin embargo –añade-, para que
las obligaciones y recomendaciones tengan impacto, éstas deben ser incluidas en
las actividades diarias de las instituciones estatales que tienen la autoridad
para implementarlas. En este aspecto el éxito de la administración Fox ha sido
limitado”.
Al final de la administración foxista ocurrieron graves atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y federales, que recurrieron a la represión policial como medida para sofocar los descontentos sociales en diversas regiones del país. En lo que va de este sexenio se ha mantenido la impunidad a favor de los culpables de esas violaciones, y han ocurrido otras como las detenciones de los líderes sociales de San Salvador Atenco y su internamiento injustificable en penales de alta seguridad, así como su posterior consignación a 67 años y medio de prisión; la muerte de la indígena de 73 años Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, Veracruz, presuntamente causada por elementos del Ejército, así como los atropellos del 14 de junio, 27 de octubre, 27 de noviembre del año 2006, y los del 16 de julio de 2007 en Oaxaca. Además las autoridades han exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos. Muestra de ello es la exoneración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y un juez civil de Saltillo de 14 de los 20 militares en servicio activo, que el 11 de julio de 2006 participaron en los delitos de violaciones sexuales (propias e impropias), lesiones, intimidaciones y tratos crueles e inhumanos, así como la debilidad con la que actuaron los órganos de procuración e impartición de justicia de Coahuila.
En lo que va de la administración de Felipe Calderón no hay
también determinaciones y definiciones claras y contundentes de política
pública al respecto, y el tema apenas se incluyó a última hora y en forma muy
acotada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012. Por el contrario, se ha
incurrido en prácticas como el notable incremento del empleo de las fuerzas
armadas en el combate a la delincuencia, así como la criminalización de la
protesta social que, se sabe desde siempre, propicia violaciones masivas a las
garantías individuales, a las libertades públicas y a los derechos humanos.
Por otro lado, la
obligación de garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, es igualmente uno de los grandes pendientes del gobierno
mexicano. Siguen siendo una constante la discriminación social de los pueblos
indígenas, los campesinos y los obreros; los problemas generados por la pobreza
y la creciente desigualdad social, que polariza a la población, resultados
entre otras cosas de los procesos de integración económica impuestos al país,
así como de la implementación de políticas económicas que no han salvaguardado
la protección de sectores de la población en situación de vulnerabilidad. La
falta de servicios médicos y de calidad para la mayor parte de la población, el
desempleo, las deplorables condiciones laborales, el hostigamiento contra los
sindicatos, así como la ausencia de posibilidades para ejercer el derecho a
formar sindicatos independientes, son otras tantas de las consecuencias de esa
política económica y social.
2.
Pretextos
Refiriéndose al caso de Oaxaca, el
15 de agosto de 2007 el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas
y Servicios a la
3.
Criminalización de la protesta social
Durante la precipitada aprobación
de los cambios al artículo 139 del Código Penal Federal, con los que sobre todo
se obsequiaron el pasado 26 de abril en el Senado los deseos de política
exterior del actual gobierno de Estados Unidos, y se tipificó y sancionó con
severidad en México el delito de terrorismo, hubo voces que alertaron que con
ello se estaba también legalizando de pilón la criminalización de la protesta
social. Tanto es así que, sorprendidos, al día siguiente los coordinadores de
los partidos políticos se vieron obligados a comprometerse por escrito a
realizar una reforma de la reforma en un período extraordinario de sesiones.
Bastaría en efecto que en una manifestación pacífica se suscitaran o se
provocaran actos de violencia, incluso por parte de las autoridades, para que
enseguida quienes en ellos participen, o se vean, sin quererlo, involucrados, sean
condenados como terroristas, pues en su ambigüedad el artículo modificado
asimila peligrosamente con el delito de terrorismo a cualquier ciudadano que
pretenda “presionar a la autoridad para que tome alguna determinación distinta
o contraria a sus decisiones” -lo que desde siempre ha sido un derecho de la
ciudadanía en una sociedad democrática-, utilizando “cualquier otro medio
violento”, que nunca se especifica en la mencionada reforma. Lamentablemente,
ni se convocó hasta ahora a ningún periodo extraordinario de sesiones para
corregir esta pifia, ni se ha cumplido con la promesa de llevar a cabo una
reforma de la reforma.
4.
La militarización como política en materia de seguridad
Igualmente
el mes de marzo las organizaciones civiles Instituto para la Seguridad y la
Democracia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de
Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” y el Centro de Análisis e
Investigación “Fundar”, entregaron a la CIDH un documento informativo sobre
seguridad pública y derechos humanos hoy en México. En él se señala que ante la
debilidad de las instituciones civiles de seguridad pública y persecución del
delito, desde el año 2000 el gobierno federal reforzó la tendencia –heredada de
la administración anterior— a militarizar el combate al crimen organizado. De hecho, la creación de la Policía Federal
Preventiva en 1996 implicó la participación de elementos militares
(principalmente en retiro) en posiciones de mandos medios y superiores de esta
corporación.[1] Esta
tendencia se ha visto también reflejada en otros ámbitos de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal y de varias contrapartes en los estados.
Se
añade que el Presidente Vicente Fox inició su sexenio nombrando al General
Rafael Macedo de la Concha como Procurador General de la República. El Gral.
Macedo de la Concha dejó la PGR en 2005, pero la estructura y varios mandos
militares continúan en la corporación; y aunque la proximidad en el tiempo no
permite un análisis exhaustivo de las implicaciones específicas de la
participación de militares en el ambiente institucional de la PGR, son
evidentes algunos impactos desfavorables: la concentración de atribuciones de
seguridad pública y de persecución del delito en mandos militares, para las que
no están preparados; la cooptación de las labores de inteligencia por parte de
ellos; la falta de rendición de cuentas y transparencia, a las que no están
acostumbrados ni son obligados; y casos evidentes de denuncias de violaciones a
los derechos humanos que se han cometido.
Se
añade que durante la presente administración se han implementado una serie de
operativos con una alta presencia militar. En la Operación Conjunta
Michoacán, el titular del
Poder Ejecutivo envió a 4 mil 260 soldados, 246 vehículos y 46 aviones,
aduciendo la contención del tráfico de drogas y la destrucción de plantaciones
ilícitas. Según el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mil 400
miembros del Ejército establecieron retenes, en los que se realizaban
inspecciones aleatorias a los individuos, y se instalaron puestos de control
por todo el Estado. Varias semanas después el Ejecutivo envió 2 mil 600 soldados y 110 policías federales a
Tijuana, declarando igualmente que su objetivo era el de cerrar las rutas del
narcotráfico y asegurar el control militar de la ciudad. En lo que va de este
año, el Jefe de la Zona Militar de Baja California ha llegado incluso a
convocar a la ciudadanía, para que presente directamente denuncias al Ejército,
asumiendo así inconstitucionalmente funciones de Ministerio Público, que no le
corresponden. Dichos operativos se extendieron a otras áreas del país,
incluyendo los estados de Guerrero, México, Morelos, Chiapas, Sinaloa,
Chihuahua, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas. Los operativos
militares este año han sido particularmente impresionantes en este último
estado. Se añade que es igualmente muy preocupante que como parte de estos
operativos la Secretaría de Seguridad Pública haya ordenado a las fuerzas
policíacas el revisar un mínimo de 64 propiedades al día, sin que se haya
necesariamente presentado una orden de cateo[2].
A
pesar de las afirmaciones del gobierno sobre la efectividad de estas medidas,
las ejecuciones relacionadas por el crimen organizado y los ataques contra
miembros de las fuerzas de seguridad no se han detenido. En cambio, en términos
de derechos humanos los operativos son en efecto desconcertantes, ya que el
Ejecutivo ha tolerado la restricción por vía de hechos de varios derechos
humanos, sin haber declarado expresamente un estado de excepción, con las
condiciones claramente establecidas en el artículo 29 de la Constitución. Las
fuerzas de seguridad han restringido la libertad de movimiento y es muy
probable que se hayan realizado detenciones arbitrarias y que haya habido violaciones
al debido proceso, como en algunos casos fue declarado por la propia Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Ello constituye un “Estado de Emergencia de facto”. Más grave aún es la decisión
reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite que las
fuerzas policiales lleven a cabo cateos en propiedades privadas sin orden
judicial, cuando se trate de delitos infraganti[3].
5.
Legalización de las violaciones a los derechos humanos
En marzo de 2007 el titular
del Ejecutivo Federal envió al Congreso una serie de reformas constitucionales
y legales al sistema de justicia, con el fin de perseguir y castigar de manera
más eficiente, según su dicho, el delito. De ser aprobadas en sus propios
términos, estarían flagrantemente en contra de los instrumentos internacionales
de protección a los derechos humanos ratificados por México, y comprometerían
la posibilidad de establecer en el país una verdadera política de Estado en la materia.
Entre ellas destaca el mantenimiento y reforzamiento de la confusión entre las
funciones propias de la seguridad pública y las de procuración de justicia, ya
iniciada y vigente desde 1995 con la Ley General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la indebida autonomía técnica
y funcional de la policía con respecto al ministerio público, contraria a lo
que expresamente establece la Constitución en su artículo 21; el dotar de
facultades judiciales a la Procuraduría General de la República, con el fin de
que pueda realizar detenciones, cateos, intervención de comunicaciones privadas
y arraigos sin la autorización previa de un juez, en investigaciones
relacionadas con la delincuencia organizada, contraviniendo así lo expresamente
establecido en el artículo 16 constitucional; el anonimato de testigos
protegidos en las diligencias judiciales, contrario a lo establecido en el
artículo 20 constitucional; el incremento de penas para supuestamente combatir
con mayor eficacia el delito, comprometiendo con ello el cumplimiento del artículo
22 de la Constitución, y el establecimiento de la cadena perpetua, en contra de
lo que también ordena expresamente la Constitución en su artículo 18.
Vale la pena recordar que el
sistema penitenciario mexicano tiene precisamente sus fundamentos en el
artículo 18 constitucional, el cual plantea como finalidad esencial de la
privación de la libertad la readaptación social del delincuente, a través de la
educación y la capacitación para el trabajo; y que todas las leyes que
actualmente la regulan contienen de alguna manera esos mismos principios.
Nuestro país además se opone a la imposición de este tipo de pena, confirmada
como inusitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en tesis
aisladas de 1930 y 1939, así como en su jurisprudencia del 2001, y por lo tanto
es contraria a lo que establece la Constitución en su artículo 22. De manera
extraña, sin embargo, la SCJN falló en contra de este criterio el año 2005,
aunque únicamente para facilitar la extradición de reos reclamados por la justicia
estadunidense.
Resulta también preocupante
el aumento que han experimentado en los últimos años las penas máximas de
prisión en México, pues debe tenerse presente que en el combate al delito lo
importante no es sancionar gravemente a la gente, sino aplicar las penas al
mayor número de infractores. No hay que olvidar tampoco la premisa de Cesare
Beccaria, quien afirma que “el valor de la intimidación que puede tener una
norma está dado no por la gravedad que implica, sino por la generalidad en su
aplicación”. Esa idea falsa de que el crimen se combate en los códigos, no hace
más que malinformar a la sociedad, pues está plenamente comprobado que el
crimen se combate con una procuración de justicia general y efectiva, y no
tanto con el aumento de penalidades. Por lo que cualquier cambio constitucional
y legislativo no podrá ser efectivo mientras los índices de impunidad sigan
teniendo en el país las cifras actuales.
El dotar de facultades
judiciales al ministerio público, para que lleve a cabo detenciones, cateos,
intervención de las comunicaciones privadas y arraigos, requiere ciertamente de
una reforma constitucional a los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución, pero
ello sería claramente violatorio de los artículos 11 y 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que establecen respectivamente el principio
de presunción de inocencia y la prohibición de la ingerencia arbitraria en la
vida privada, así como de los correspondientes artículos 14 y 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y los artículos 7 y 11
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
6.
Riesgos
Todo esto ha hecho pensar a
algunos analistas políticos y juristas en el riesgo de que se siga
introduciendo lentamente en el país un derecho de excepción, lo que en otras
latitudes ya se suele denominar como un “derecho penal del enemigo”, el cual se
inició en nuestro país con la promulgación en 1996 de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, y cuya eficacia ha sido también muy cuestionada en la
práctica por distintos especialistas. Dicho “derecho” se acentuó posteriormente
en muchos países, a partir del 11 de septiembre de 2001. El miedo a la
inseguridad, magnificado muchas veces por los medios de comunicación
electrónicos, propicia y refuerza la versión espontánea o inducida de que los
derechos humanos y la misma Constitución son responsables de la inseguridad
pública. En forma preocupante, hoy en día muchos de los noticieros de la
televisión abundan sobre todo en la nota roja. En lugar de revisar a fondo
nuestras instituciones de seguridad pública, los organismos de procuración y
administración de justicia y las situaciones de corrupción que imperan en
muchos de nuestros reclusorios, se abandona progresivamente el sistema
garantista y se llega incluso a considerar potencialmente como “no ciudadanos”
a adversarios políticos del régimen. Se trata en definitiva del “espejo” de
leyes, decretos y prácticas del gobierno del país vecino, plagadas de
arbitrariedad y excepciones al Estado de Derecho, para realizar entre otras
cosas cateos, detenciones, espionaje telefónico y arraigos sin orden judicial.
Ello contribuiría a legalizar dos tipos de ciudadanos, los que gozan de todas
sus garantías y derechos humanos, y aquellos a quienes por principio se les
limitan o niegan. Cuanto más que ya se ha anunciado oficialmente un paquete
multimillonario de seguridad entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno
de México, similar al Plan Colombia, en el marco de la “guerra” contra las
drogas, el crimen organizado y el terrorismo. Según este Plan, denominado por
el gobierno mexicano como “Iniciativa Mérida” --por haber sido supuestamente
acordado en marzo de 2007 en la capital yucateca, durante la visita oficial del
presidente Bush a México--, y desfavorable a nuestro país en sus mismo
términos, el Congreso de Estados Unidos tendría que aprobar de manera
condicionada para el próximo año fiscal 500 millones de dólares en asistencia
militar y policial, de un paquete de aproximadamente mil 400 millones de dólares
durante un período de entre dos y tres años. México se estaría comprometiendo a
aportar 7 mil millones de dólares con el mismo propósito. El Secretario de
Prensa de la Casa Blanca declaró el 22 de octubre del año pasado que dicho
programa tiene como finalidad “combatir las amenazas del narcotráfico, el
crimen trasnacional y el terrorismo” en el hemisferio. Fuentes gubernamentales
revelaron además a la prensa que el gobierno mexicano no podrá disponer de
manera discrecional de esos fondos, ya que el dinero vendrá etiquetado para
diversos rubros específicos, como la compra al país vecino de equipo
sofisticado para investigaciones policíacas y programas de capacitación
dirigidos a militares, agentes ministeriales, peritos, así como a
investigadores mexicanos especializados en delincuencia organizada. De acuerdo
con las mismas fuentes, el acuerdo obliga a México a que el dinero que reciba
anualmente sea utilizado exclusivamente para adquirir armamento, helicópteros
de combate, sistemas de comunicación modernos y tecnología de fabricación
estadunidense, que será distribuida a las Secretarías de la Defensa Nacional y
Marina, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de
Seguridad Pública Federal. Es decir, tecnología para espionaje y vigilancia,
entre las que destacan equipos para intercepciones telefónicas y radares para
rastrear envíos de traficantes por aire, aeronaves para transportar grupos de
élite, así como “diversos tipos” de entrenamiento militar y policial. Vale la
pena también señalar que ya se ha aclarado desde el mismo Departamento de
Estado de Estados Unidos que las mencionadas aeronaves serán transferidas a
México de los inventarios y registros del propio gobierno del país vecino. Aun
cuando se ha precisado oficialmente en México que no implica la presencia de
tropas y agentes extranjeros en territorio nacional (técnicos, instructores y
asesores del Pentágono y de las otras agencias que intervienen en el proyecto
de manera pública o encubierta), como en Colombia, es necesario añadir que de
acuerdo con especialistas en el tema, éstos llegan a través de las empresas
privadas subcontratadas por las dependencias del gobierno y/o por las compañías
de armamento que proveen los equipos y tienen estrechos vínculos con el
Pentágono y la comunidad de inteligencia estadunidense. De concretarse el Plan
México, parte medular del llamado Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (ASPAN), suscrito el año 2005 en Waco, Texas, por los
presidentes Bush y Fox, se verificaría aún más la teoría de que el país vive un
larvado proceso de militarización del Estado, avalado por Washington,
comprometiendo con ello aún más nuestra soberanía y la vigencia de los derechos
humanos en el país. Un Estado militarizado, con fachada de democrático. De
acuerdo también con investigaciones de prensa, dicho Plan ya se está aplicando,
pues la empresa neoyorquina especializada Verint Technology Inc., constituida
por ex-militares del Pentágono y ex-agentes del FBI, y contratada por el
Departamento de Estado, para que realice tareas de espionaje en territorio
nacional, ya funciona en la Colonia Guerrero en la Ciudad de México, en las
oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO), de la PGR, con la misión de monitorear o “captar” todas las
comunicaciones privadas (correos, chat
y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos,
celulares y redes internas), con el pretexto de combatir “el crimen organizado
y el terrorismo”. Sin haber entrado todavía en vigor las anunciadas reformas
constitucionales en materia de justicia penal, este año ya se ha publicado en
la prensa que han aumentado considerablemente las órdenes judiciales para
intervenir comunicaciones telefónicas privadas por parte del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a una población variopinta, que va
desde propietarios de casas de cambio y empresarios, hasta funcionarios
públicos federales, legisladores y mandos policiacos.
CONCLUSIÓN
La situación aquí descrita ilustra de manera breve la incongruencia, los pretextos, las preocupaciones y los riesgos que hoy se dan a propósito de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, ya que detrás de todo ello se muestra la criminalización de la protesta social, la represión, las violaciones graves a los derechos humanos, la impunidad, la consolidación de un Estado autoritario y el riesgo de un Estado militarizado. Por ello es importante que hoy más que nunca, en un escenario poco favorable a los derechos humanos, las organizaciones y las instituciones independientes de la sociedad sumen esfuerzos para resistir pacíficamente y por todos los medios a sus violaciones, denunciándolas e impulsando desde abajo los cambios que se requieren. Para ello es necesario que contando con la colaboración de expertos y académicos, se aproveche la coyuntura que parece haberse abierto con la promulgación de una Ley para la Reforma del Estado, con el fin de proponer e impulsar reformas de fondo que redunden en la institucionalización de nuevas relaciones del Estado con los ciudadanos y de éstos con el Estado. Es preciso además que los ciudadanos se hagan cada vez más cargo de su dignidad y sus derechos, haciendo uso organizadamente de su legítimo derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, y exigiendo de manera corresponsable de las autoridades su participación y la rendición de cuentas.
[1] Asimismo, es importante señalar como antecedente que la Ley que
Establece las Bases Generales del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP)
integra la participación tanto del Ejército como de la Marina. Este Consejo,
como se señaló anteriormente, instruye a la SSP. Por lo tanto, la influencia de
las fuerzas armadas en el tema viene de los niveles más altos de toma de
decisiones.
[2] La Jornada, “Ordena la SPP realizar 64 cateos al día, aun sin
orden judicial”, 14 de febrero 2007.
[3] Este mecanismo legal ha sido la fuente de
serias violaciones a derechos humanos en el pasado, ya que la única prueba que
se necesita para afirmar que una persona fue capturada in fraganti, es
el testimonio del policía. En algunos estados la acción in franganti,
puede ser extendido incluso 24 horas después de que el crimen fue supuestamente
cometido.