nuevos caminos de la pluralidad religiosa

y la laicidad en México

Rodolfo Casillas R.

Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México.

casillas@flacso.edu.mx

México inicia el siglo XXI con una asignatura pendiente por resolver en materia religiosa: ¿cuál es el papel que le toca a las iglesias en la sociedad mexicana actual y cuál en el futuro venidero? La reforma constitucional de 1992 permitió dejar atrás algunos aspectos rústicos de la simulación que hasta entonces había. Sin embargo, los largos procesos sociales no se alteran de un día para otro, ni se encauzan por nuevos senderos con una reforma constitucional de manera necesaria. Aún hay inercias que no pueden soslayarse. En el pasado reciente ha habido prácticas de consulta, de incorporación, que no necesariamente significan un enriquecimiento de la pluralidad y el respeto a la diversidad, sino que pudieran derivar en la utilización y el clientelismo, o bien en un intento de actualización de entendimientos anteriores entre instancias de gobierno y religiosas.

La diversidad religiosa se vio favorecida por la reforma del 92. Las iglesias, cada cual a su manera, cada cual de acuerdo a su cosmovisión, la han hecho suya. Su actuación es legal y socialmente legítima. Cual más, cual menos, cuenta con base social nacional o regional en el peor de los casos, sin desvirtuar su presencia ante la generación de instancias de coordinación supraestructurales o el protagonismo de algunos dirigentes religiosos. En los últimos años se observa, bajo la cobertura legal, una actuación social sin precedente, tendiente a ampliar el número de fieles y a plasmar en distintas actividades su cosmovisión particular. Esta mayor presencia puede ser interpretada, ante los ojos de la política, como actuación política de lo religioso. De ser así, de nuevo, vendrá la incomprensión y, eventualmente, el conflicto.

De 1992 al 2000, el tema de lo religioso ganó espacio público. Tanto ganó que los tres candidatos principales a la presidencia del país nombraron su enlace con las iglesias. Llamó la atención que fuera el candidato Fox quien tomara las medidas más audaces, como enarbolar un estandarte guadalupano, publicar un decálogo de propuestas en materia religiosa, nombrar un grupo de consulta en materia religiosa una vez declarado presidente electo, entre otras iniciativas ampliamente comentadas en su momento. Ciertamente, ese proceder motivó voces que reclamaron la vigencia de la laicidad en el quehacer político y gubernamental. De hecho, el Frente por la Defensa de la Cultura Laica es producto de esa circunstancia. Empero, para las elecciones del 2006 ya fueron otras las circunstancias; la administración Fox logró sacar de la agenda pública el tema religioso, al menos de los reflectores que había llamado y volvió a la relación cupular y privada.

Una vez nombrado el gabinete presidencial de Fox, en el que destacó la presencia de algunos católicos confesos (lo que ciertamente no es delito ni motivo de escarnio público), algunos pronunciamientos y hechos parecieron presentar una situación dual; 1) por un lado, no se estableció el régimen clerical que se temía. De hecho, más allá de las suspicacias del momento, no había razones políticas, jurídicas ni sociales que lo permitieran, lo que no niega el ingrediente religioso en la campaña presidencial y el sexenio 2000-2006; 2) hay hechos que anunciaron una presencia y actuación discreta, cuando no soterrada, disfrazada, de actores públicos con inocultable fundamento religioso. Pareciera indudable que los dislates, equívocos y actos de dudosa legalidad del presidente Fox y de algunos miembros de su gabinete en materia religiosa respondieron más a los mismos actores que a una política deliberada del gobierno en turno.

Son precisamente esos hechos los que motivan la interrogante, de si son fortuitos o expresiones aún inconexas de una presencia creciente de agentes laicos en instancias de gobierno. No se trata de trivialidades que alimenten a revistas especializadas en lo efímero y superficial. Se trata de una presencia lógica de personas y agentes laicos que se han preparado por muchos años para estar donde están. Quiero decir no en el gobierno de manera necesaria, pero sí en instancias de poder que establezcan derroteros de la sociedad y, en ese sentido las instituciones de gobierno son de las indicadas para hacerlo. Desde ahí pueden impulsar el proyecto de sociedad de su preferencia. En sí mismo, ello no es negativo. Como ciudadanos cuentan con la libertad de hacerlo y, después de la reforma del 92, como agentes laicos están en su pleno derecho de hacerlo. El problema, en el fondo, es de qué tipo de qué sociedad y cultura estamos hablando.

Con el bagaje que cargamos los mexicanos en general, corremos el riesgo de ubicar el tema como un asunto de política política y no de política religiosa. En efecto, por razones sabidas, prevalece en nuestro ánimo una tendencia a adjudicar una intencionalidad política a prácticamente toda acción pública de las iglesias. Y, si se trata de la Iglesia católica, y si lo trata en lo privado, no hay duda del propósito político. Pienso que, como sociedad, debemos darnos la oportunidad de pensarnos diferente, darnos la oportunidad de buscar una fórmula que permita incorporar a la pluralidad religiosa en la construcción de una sociedad inclusiva sin que necesariamente ello se entienda ni traduzca en una actuación política política. No es fácil concebirlo, menos practicarlo, pero debemos intentarlo. Mucho hemos bregado a favor de la tolerancia, el respeto, la inclusión, que no podemos ser inconsecuentes. Tenemos, en consecuencia, que quitarnos algunas taras, dejar atrás algunas prácticas: tenemos que pensarnos y hacernos incluyentes.

La primera interrogante que presento es: ¿queremos que las iglesias y sus agentes laicos participen en y de la pluralidad social mexicana que día a día construimos? Si la respuesta es sí, entonces me parece que hemos entrado en una fase de agotamiento del discurso oficial y de las concepciones de participación pública de las iglesias, tal y como se han dado hasta la fecha en nuestro país. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de que por un lado se les ha negado el acceso por la entrada principal, pero se les ha dejado abierta la puerta trasera para temas y circunstancias determinadas, en particular a la Iglesia católica. También ha ocurrido que se ha subvalorado su participación en la cultura, las artes, proyectos económicos, asistenciales, sociales, humanitarios, auxilio en casos de desastre natural, etc. Los actores religiosos involucrados han tenido, así, la posibilidad de actuar, influir, opinar, promover, en pocas palabras de hacer política pública sin posibilidad de que se les finque o se les reconozca, de ser el caso, responsabilidad social y legal algunas, pues al no reconocerle el Estado su participación no hay obligación que se les pueda imputar, desde un punto de vista jurídico. Esta situación tiene que cambiar. Se necesita una política de Estado clara, de validez universal, con normas y procedimientos debidamente establecidos, que tome en cuenta la complejidad de la diversidad religiosa en su formulación y aplicación, así como la legislación internacional consecuente; lo que no ocurre, por cierto, en la actualidad en México.

Una segunda interrogante, que se desprende de la respuesta positiva de la primera, es la siguiente: ¿están la sociedad y las instituciones mexicanas preparadas para aceptar la participación de las iglesias y sus agentes laicos en la pluralidad social mexicana en curso? Me parece que se cuenta con dicha preparación de manera parcial, pero hay lastres mayores que superar. Me refiero en esta ocasión a algunos de ellos, principalmente los ideológicos e institucionales.

Con los preceptos constitucionales de 1917 se intentó cerrar la puerta a la participación política de la Iglesia católica en particular, lo que no ocurrió. Se dio entonces un par de situaciones de largo aliento: 1) establecimiento de poderes discrecionales, de prácticas privadas de negociación, entendimiento y colaboración, que por la manera misma de hacerlo levantaban suspicacia sin que necesariamente los fines fueran negativos, a la vez que se facilitó el clientelismo y los favores personales. La efectividad de este modelo de actuación mostró, en lo inmediato, la satisfacción de encontrar una vía que no requiriera modificación legal alguna para la atención de lo religioso. Sin embargo, ello llevó a mediano y largo plazo a un error fundamental, que es el que pesa en el momento actual. 2) Se truncó la posibilidad de que el propio Estado mexicano desarrollara y diversificara, en esta materia, su política de Estado y cuerpo administrativo correspondiente. Pretendiendo atar de manos a la iglesia, el Estado maniató sus propias manos. Por eso del constituyente del 17 a 1992 no hubo reforma constitucional en materia religiosa y la que hubo en este último año no alteró en lo sustantivo la negación formal a la participación de la diversidad religiosa en la construcción de una sociedad plural.

Lo anterior explica, al menos en parte, la persistencia de tres constantes en el Estado y la actuación gubernamental:

1. Los funcionarios gubernamentales repiten hasta el cansancio preceptos tales como la separación del Estado y las iglesias, el Estado mexicano es laico, la no injerencia en asuntos internos de las iglesias, la separación de lo público de lo privado, etc. Cada vez más, este discurso oficial es menos creíble, independientemente de que sea cierto en algunos casos. La duda se ha convertido en una verdad pública que no requieren de su comprobación y todo desmentido, por el contrario, confirma su existencia en lo indecible.

2. El nombramiento de funcionarios responsables del área de gobierno, que bien pueden desconocer la materia, pero no pueden dejar de conocer el oficio de la conducción política. Para empezar, no podría esperarse que el Estado contara con cuadros preparados en lo religioso, pues nunca los preparó, ni lo prepara hasta el presente. No puede haber política de preparación de cuadros para lo que no existe..., al menos en lo formal: lo religioso como campo de especialización pues desde 1917 ya está dicho lo principal y sustantivo. Dado que lo religioso fue materia cerrada desde 1917, vemos desde tiempos idos hasta el presente el concurso de cuadros gubernamentales avalados por su trayectoria en lo político sin la necesaria compenetración de lo religioso en términos profesionales laicos. Ello contribuye a dar vida a lo religioso como político.

3. La indefinición institucional por parte del Estado en la nueva circunstancia. Mientras no se efectuó la reforma del 92, contó con una jefatura de departamento encargada de lo religioso: el Departamento de Cultos Religiosos, Armas de Fuego y Explosivos. Después de la reforma se ha transitado de Jefatura a Dirección General, a Coordinación de Asuntos Religiosos, a Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Religiosos, a Subsecretaría de Asuntos Religiosos y a Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Adicionalmente, ha habido tantos cambios de titular de la dependencia, de 1992 a la fecha que sólo se registra un solo caso de un alto funcionario que duró todo un sexenio como Director General; sus antecesores, duraron tanto como el Subsecretario o superior inmediato, menos de dos años en promedio. No se explican tantos cambios en el aparato funcional y sus responsables de la Secretaría de Gobernación en materia religiosa por la dinámica de la materia misma de atención, sino por razones externas a lo religioso. Es decir, a las evoluciones y adecuaciones propias de lo político. ¿Cuál otra razón puede ser si lo político es la esencia misma de SEGOB y de sus instancias subordinadas de actuación?

El Estado debiera trascender la primera etapa de la reforma que se caracteriza por la elaboración del registro de Asociaciones Religiosas, el establecimiento y observancia de un conjunto mínimo de normas de actuación y arbitraje y mantener una relación cordial y respetuosa con las dirigencias religiosas. Esto es lo mínimo que se debe hacer. Quedarse en ello implica ser rebasado por quienes en la nueva circunstancia nacional maximizan sus potencialidades y se preparan para un futuro más promisorio a sus proyectos de sociedad. Si el Estado no se prepara con políticas y cuadros y renueva sus concepciones, sus respuestas jurídicas, ancladas en el pasado, serán insuficientes para atender de manera debida a las novedades de la realidad en curso.

Se debe pasar de la administración de la materia a la formulación y aplicación de políticas de Estado en la materia. A poco más de diez años de la reforma legal, se siguen ensayando formulas de actualización de entendimiento entre mandos eclesiásticos y gubernamentales, lo cual es necesario y entendible. El pero está en que no se avanza en una política de Estado que vincule diversidad religiosa con pluralidad social. Abrir espacios públicos de manera casuística a una y otra confesión no significa necesariamente vincularlas, pues parecieran medidas de momento que responden más a apreciaciones de uno u otro funcionario que una política de estado, clara, pública y de largo aliento.

En la pasada administración federal, por ejemplo, se dieron medidas que difícilmente respondieran a un fortalecimiento de la pluralidad social mexicana, y sí implicaron riesgos de caer en prácticas de antaño, tipo clientelismo (por ejemplo, mandar en calidad de valet a funcionarios de cierto nivel a recibir a determinados jerarcas religiosos cada vez que llegaban, pasaban o salían del aeropuerto internacional de la ciudad de México, “por si se les ofrecía algo”).

Algunas medidas gubernamentales significan desde un primer momento de su vigencia una mayor presencia organizada y con una perspectiva confesional de cuadros laicos en los espacios sociales involucrados, incidiendo en aspectos específicos y muy rentables: 1) el acceso a centros de salud para la atención espiritual de los pacientes, lo que dadas las circunstancias de morbilidad y posible muerte, significa un mayor efecto de lo religioso entre las personas involucradas; 2) el otorgamiento, en un momento dado, de los bienes confiscados por Hacienda para la obra social de las iglesias; y 3) La firma de un protocolo con la cirm para la asistencia a poblaciones afectadas en casos de desastres naturales. Esas tres medidas alientan y legalizan el vínculo iglesias-sociedad, que permite a los cuadros laicos capacitarse en el trabajo real y formal, pero no se tradujeron necesariamente en un fortalecimiento de la vida plural justamente porque dichas medidas se inscribieron en acciones aisladas que involucraron a determinados sectores religiosos, pero que no conocemos, como sociedad, a qué política de Estado respondieron; incluso no sabemos por qué no se recurrieron a propias instancias de gobierno para hacerlas o, en todo caso, por qué no se involucraron a organizaciones sociales laicas en tan nobles acciones.

Por lo antes visto, la vigencia del modelo es cada día menos útil a la sociedad, cada día ofrece menos explicaciones, cada día es más insatisfactoria para las organizaciones religiosas y, también, es cada día menos suficiente para la toma de decisiones por parte de las instancias de gobierno. Así no se avanza en la pluralidad social.

Las iglesias, desde mi punto de vista, debieran ser de las primeras interesadas en actuar en un marco legal claro, sin el concurso de amplísimos poderes discrecionales que se prestan a situaciones ambiguas y preferenciales, que las hace vulnerables a la autoridad en turno y motivo de perspicacia social. Mientras las reglas del juego sean ésas, es entendible que busquen adecuarse a ellas para preservar su existencia y llevar adelante su misión pastoral y social, si bien es una situación desigual, injusta y socialmente incomprendida.

Lo sociorreligioso atañe no sólo al Estado y las iglesias, sino al conjunto social nacional. Por ello, el concurso de académicos, generadores de opinión e instituciones varias es por demás necesario, insustituible, impostergable. No hacerlo es reducir la agenda propia a unos temas cuando las propuestas e implicaciones de lo religioso atañen al conjunto social

Si las iglesias no son, ni pretenden ser, cuerpos políticos, ni el Estado que ellas sean o se conviertan en tales, entonces, un buen principio sería no responsabilizar a la SEGOB de su atención. SEGOB, como se sabe, es el ojo político del gobierno, es la instancia que crea sus interlocutores que también son, o pueden ser, y actuar como políticos. Sería conducente, en consecuencia, crear una instancia de Estado, que no de gobierno, que se dedicara en forma exclusiva a la atención de lo sociorreligioso. Es decir, quitarle de tajo la connotación política a los actores religiosos y mediante una instancia ad hoc facilitar su contribución a la sociedad en los campos que le son conducentes, como cultura, educación, asistencia social, etc.

Ciertamente, hacerlo no será tarea y logro de un día. Hay inercias que se superan luego de largos procesos de decantamiento. En el caso mexicano hay inercias sociales, gubernamentales y eclesiásticas que, bien que mal, han establecido un modus operandi que funciona, así sea tendencialmente menos útil al paso del tiempo. No obstante, habría que reflexionar sobre la pertinencia de seguir con una visión politizada y politizadora y una agenda acotada o iniciar un cambio de actitudes y comportamientos. O construimos el futuro con los ojos anclados en el pasado, o aprendemos a verlo con un nuevo contenido y reglas acordes a la pluralidad religiosa, eclesiástica e intraeclesiástica. Elijamos.