Las huelgas mineras de 2005-2006.

Del corporativismo a la autonomía sindical

 

Francisco Zapata

Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México [1]

 

Preámbulo

 

Después de cinco años de coexistencia pacífica entre el sindicalismo corporativo y el Estado, coexistencia pactada con anterioridad a la toma de posesión del Presidente Fox en diciembre de 2000, se ha abierto una coyuntura inédita. Un sector central del sindicalismo corporativo, el representado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM), cuestiona abiertamente el pacto del Gobierno federal con los máximos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) aglutinando a un amplio espectro de organizaciones, como las que adhieren a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en acciones de confrontación con el Estado. Todo esto a partir de acontecimientos centrados en acciones del (SNTMMSRM) como son:

 

- la huelga de los trabajadores de la sección 271, ubicada en Lázaro Cárdenas (Michoacán) en agosto-septiembre de 2005;

- la activa participación del SNTMMSRM en el cuestionamiento de la reforma de la Ley Federal del Trabajo;

- la postulación frustrada de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del SNTMMSRM, a la presidencia de El Congreso del Trabajo;

- el accidente que costó la vida de 65 mineros del carbón en Pasta de Conchos (Coahuila) el 19 de febrero de 2006;

- el desconocimiento de Gómez Urrutia como secretario general del SNTMMSRM y el nombramiento de Elías Morales en su sustitución a través de procedimientos falaces por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS);

- los conflictos huelguísticos que estallaron a fines de febrero y principios de marzo de 2006 en las minas de La Caridad (Nacozari de García, Sonora), San Martín (Sombrerete, Zacatecas); 

- la huelga de los trabajadores de SICARTSA en abril-mayo de 2006 en protesta por el desconocimiento de Gómez Urrutia y

- la realización de la 34 Convención General Ordinaria Nacional del SNTMMSRM celebrada entre los días 2 y 7 de mayo de 2006.

 

Es a partir de esos elementos que podemos reflexionar sobre las huelgas mineras de 2005-2006 y explorar hasta qué punto el Estado mexicano está preparado para hacer frente a una acción sindical autónoma de las instancias estatales. Dividiremos nuestra exposición en dos grandes apartados.

En el primero presentaremos algunos antecedentes sobre las características del sindicalismo en los países mineros de América Latina que nos pueden ayudar a comprender las formas que asume la acción obrera en las minas.

En el segundo, y a partir de una crónica de las huelgas mineras en México en el período 2005-2006, abordaremos una serie de acontecimientos que ocurrieron en ese lapso que permiten apoyar la hipótesis de que se trata de una coyuntura inédita en la que el sindicalismo y el Estado mexicano parecen experimentar un momento crucial de su relación. Al final, plantearemos algunas conclusiones provisionales que nos permitirán calibrar esa hipótesis.

 

 

1. Antecedentes del sindicalismo minero en Bolivia, Chile, México y Perú

 

Desde que Clark Kerr y Abraham Siegel escribieran acerca de la alta propensión al conflicto laboral de los mineros en 1954 (Kerr y Siegel, 1954) relacionándolo al aislamiento geográfico de las minas y al lugar estratégico de la minería en las economías locales, el debate sobre los procesos de formación de la clase obrera en las minas, de las características de la industria minera y de su peso en las economías de enclave se ha profundizado en forma notable. Asimismo, el desarrollo de la organización sindical y de los vínculos que se establecen entre los mineros, los sindicatos y los partidos políticos se ha puesto en el centro de atención.

En países como Bolivia, Chile, México y Perú la hipótesis de la alta propensión al conflicto de los mineros fue comprobada a través de diversos estudios que utilizaron métodos como los estudios de caso, el análisis estadístico de series de tiempo que mostraron las diferencias entre el número de huelgas, huelguistas y número de días perdidos por huelgas entre el sector minero y otros sectores económicos. Si bien pudo confirmarse que los mineros tendían a declararse en huelga con mayor frecuencia que otros trabajadores, como los obreros industriales o los trabajadores de los servicios, la determinación precisa de las causas de esa alta propensión al conflicto fue más difícil.

Frente al determinismo del aislamiento geográfico de las minas que había sido subrayado por Kerr y Siegel en su estudio pionero, se identificaron otros factores, que, junto a la variable espacial, contribuyen decisivamente a la explicación del  radicalismo del conflicto laboral en las minas. Por ello es que historiadores, sociólogos y politólogos buscaron explicar la naturaleza del conflicto laboral en las minas a partir de otros factores. Asimismo, hubo cuestionamientos de índole teórico, como el que realizó Edwards en 1977, que pusieron la hipótesis de Kerr y Siegel en tela de juicio. 

Entre estos factores, el papel de las relaciones sociales que surgen en  los enclaves mineros ("company towns"), el peso del enclave minero en el ritmo económico nacional, la centralidad de los mineros en el movimiento obrero nacional, los vínculos del sindicalismo minero con los partidos políticos y otros factores fueron utilizados para dar sentido al conflicto en las minas.

También se enfatizó el papel de las confederaciones obreras como la Central Obrera Boliviana, la Federación de Trabajadores Mineros del Perú y la Confederación de Trabajadores del Cobre, o el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM) en la estructuración de la acción obrera en las minas.

Así, surgió una imagen más matizada que descartó parcialmente el aislamiento geográfico, es decir, al enclave concebido como sistema de relaciones sociales como único factor explicativo. Esta imagen asignó a otros factores un papel en la explicación de la forma que asumieron las huelgas de los mineros. Factores como las características del proceso de trabajo en la minería (su peligrosidad, la ubicación subterránea, la mitología), la identidad étnica (muy arraigada en las minas bolivianas y peruanas), el origen rural-urbano y los niveles de calificación de los trabajadores, la forma en que surgieron los sindicatos y el desarrollo de tradiciones de lucha asociadas al enclave, las ligas de los sindicatos mineros con los partidos políticos. Estos factores hicieron que el análisis de la complejidad de las relaciones sociales en las minas se incrementara y se convirtieran en  elementos que debían ser tomados en cuenta a la hora de analizar por qué el conflicto en las mineras asumía formas radicales.

 

En México, el lugar de la minería en su economía es indiscutible. Desde la época colonial, la extracción de plata y oro jugó un papel esencial en varias regiones del país (Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo). Minas como la Real del Monte y Pachuca fueron tan ricas que su explotación se prolongó por más de trescientos años. 

A fines del siglo XIX, se empezaron a explotar otros minerales como el carbón, el cobre, el zinc, el plomo y así surgieron nuevos enclaves mineros en otras regiones como Cananea (Sonora), que se hiciera célebre por la huelga de junio de 1906, a la que se asigna un papel precursor de la revolución mexicana, y el complejo de San Juan Sabinas Barroterán en Coahuila para la minería del carbón.

Durante el siglo XX, la minería mexicana dejó de ocupar el lugar estratégico que había ocupado en los siglos anteriores sin que por ello las minas dejaran de representar lugares en los que grandes conflictos sociales tuvieran lugar. Ejemplo de esto fue el prolongado conflicto de los mineros del carbón a principios de los años cincuenta que culminó con la Caravana del Hambre.

 

 

2. Crónica de las huelgas mineras en México en el período 2005-2006.

 

El sector minero empleó 89,944 trabajadores en 2003, los cuales recibieron una remuneración media anual de $69,429 pesos (unos 5.785 pesos mensuales, es decir unos 550 dólares a un tipo de cambio promedio de 10.5 pesos por un dólar) (INEGI, 2005). Por su parte, en la explotación y beneficio de minerales metálicos no ferrosos, como el cobre, trabajaban 18,023 obreros cuyas remuneraciones totales equivalían a 1,741.6 millones de pesos, equivalentes a una remuneración media anual de 96,632 pesos. 

En el período 2004-2006, el precio del cobre experimentó fuertes incrementos en el mercado internacional, lo cual  benefició a las empresas en forma inédita.  En efecto, el valor de la producción de metales industriales no ferrosos pasó de 10,958,799,000 pesos a 18,992,712,000 pesos entre 1999 y 2004 y dentro de este total, el peso del valor de la producción de cobre fue determinante pues dicho valor pasó de 5,449,680,000 pesos a 11,395,582,000, un aumento del 109 por ciento.

La propiedad del sector minero mexicano está altamente concentrada. La gran mayoría de las minas está en manos de grandes conglomerados como el Grupo Industrial Minera México, el Grupo Peñoles, el Grupo Acerero del Norte (GAN) y el Grupo Villacero, los cuales concentran también gran parte de la mano de obra del sector. De un total de 20.659 personas ocupadas en la minería metálica, 16.664 personas trabajan en unidades económicas cuyo empleo promedio es superior a mil personas, ubicadas en entidades federativas como Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Por otro lado, esa concentración de la propiedad y del empleo se combina con una vieja tradición combativa en secciones como la 65, 68, 147, 271 y 288. Esta tradición experimentó una notable intensificación en el 2005. Por ejemplo, Darío Celis Estrada, escribía en la sección «Tiempo de Negocios» del periódico Reforma: “En el período 2000-2005 se han presentado en la industria minero-metalúrgica 39 huelgas, diez de ellas declaradas paros ilegales y cuatro declaradas inexistentes. Esto representa 1124 días de trabajo perdidos”. Habría que agregar que esas huelgas tenían lugar en un contexto de aumento inusitado de los precios del cobre y del acero en el mercado internacional. Podemos pensar que la radicalidad de la conflictividad laboral en el sector minero y en el sector siderúrgico guardó estrecha relación con las ganancias que obtenían las empresas en esa coyuntura.

Igualmente, la composición de la fuerza de trabajo, altamente calificada, relativamente joven y bien pagada –si se le compara con otros trabajadores de otras ramas productivas— también contribuye a explicar la naturaleza del conflicto laboral en las minas, en años recientes.

Finalmente, la presencia de un secretario general muy activo y militante, Napoleón Gómez Urrutia, que ha dinamizado la vida interna del SNTMMRM y que ha logrado conseguir fuertes mejoras de los contratos colectivos de trabajo, ha permitido mejorar las remuneraciones y las condiciones de trabajo de los mineros y de los trabajadores de la industria siderúrgica. Podemos pensar que los factores mencionados contribuyen a contextualizar los conflictos que han tenido lugar en el período agosto 2005-mayo 2006.

No obstante su importancia, es importante no olvidar que existen factores externos, como son las decisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de primero reconocer, cuando Carlos Abascal era secretario del trabajo, y después negar, cuando Francisco Javier Salazar lo sustituyó, la legitimidad del nuevo secretario general, lo que puso en jaque la autonomía sindical. Los conflictos que derivaron del fracaso del gobierno de Fox para promulgar una reforma a la Ley Federal de Trabajo y también el continuo deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores durante el sexenio foxista contribuyen a explicar la naturaleza radical de la acción obrera en este periodo.

Es en base a estos factores que podemos reconstruir la crónica de las huelgas mineras de 2005 y 2006:

 

a) La huelga de los trabajadores de la sección 271, ubicada en Lázaro Cárdenas (Michoacán) en agosto-septiembre de 2005.

 

Desde el mes de junio de 2005, el SNTMMRM ha presentado protestas en contra del Grupo México por violaciones a los derechos de los trabajadores, con el apoyo de sindicatos peruanos, americanos y mexicanos. La United Steel Workers of America, la Federación de Trabajadores Metalúrgicos del Perú, la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos, han apoyado las acciones del SNTMMRM. Esas protestas culminaron cuando en septiembre de ese mismo año, la sección 271 del sindicato nacional, después de una huelga de 46 días en la planta de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas en el estado de Michoacán, consiguieron un incremento salarial del 8% al tabulador, de 34% en prestaciones además de un bono de $ 7.250 pesos, por única vez a lo que debería sumarse el pago por salarios caídos. 

Esa negociación exitosa del contrato colectivo puso en jaque lo que hasta ese momento había sido una política de contención salarial implementada desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Esa negociación cambió los términos de la relación que el sindicalismo corporativo había mantenido hasta ese momento con la política macroeconómica, de apoyo incondicional, que se había manifestado en los acuerdos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el concurso de los representantes de la CTM en dicho organismo.

 

 

b) La participación del SNTMMRM en el cuestionamiento de la reforma de la Ley Federal del Trabajo.

 

Por otra parte, el SNTMMRM participó activamente en el cuestionamiento de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, propuesta por el entonces secretario de la STPS, Carlos Abascal. El estudio comparativo entre las disposiciones de la LFT, la Ley Abascal (o propuesta de los “sectores”) y sus propias propuestas reflejan puntos de vista originales y distintos de los cuestionamientos que habían realizado otras organizaciones como la UNT a la Ley Abascal. En efecto, durante todo el período 2004-2005, el debate alrededor de la denominada Ley Abascal enfrentó diversas posiciones dentro del sindicalismo mexicano. Al final, la mayoría del sindicalismo corporativo logró que dicho proyecto de ley fuera archivado, incluso con el apoyo de la CTM.

 

 

c) La renovación de la presidencia del Congreso del Trabajo.

 

Más adelante, en febrero de 2006, en la coyuntura de renovación del comité ejecutivo del Congreso del Trabajo (CT), el secretario general del SNTMMRM, Napoleón Gómez Urrutia, buscó la presidencia de dicho organismo a lo cual se opusieron otros dirigentes y en particular, el presidente en ejercicio, Víctor Flores, antiguo dirigente del ahora fenecido Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (SNTFRM). Al buscar dirigir al Congreso del Trabajo, Gómez Urrutia abrió una caja de Pandora que hizo público el conflicto interno dentro del sindicalismo corporativo por el control político. Incluso, se hizo evidente que el nuevo ministro del trabajo, Francisco Salazar, contrariamente a lo que había sido la posición de Abascal, la STPS iba a cuestionar el liderazgo de Gómez Urrutia y sus pretensiones de dirigir al CT.

 

 

d) El accidente de la mina de Pasta de Conchos (San Juan Sabinas, Coahuila).

 

En ese mismo mes de febrero ocurrió el accidente en la mina de Pasta de Conchos (Coahuila) en la que quedaron sepultados 65 mineros. Ese accidente dio lugar a un fuerte cuestionamiento de las instancias de la STPS encargadas de supervisar la seguridad en las faenas mineras que se manifestó en que el SNTMMRM calificara el accidente como un “homicidio industrial”. También, despertó la indignación pública al hacer manifiestas las condiciones escandalosas en que trabajan los mineros del carbón. Dicha toma de conciencia podía sorprender a quienes han estudiado por largos años las condiciones de vida de los mineros del carbón en esa región del norte del estado de Coahuila.

En efecto, en esas minas, entre 1902 y 1976, se produjeron 19 grandes explosiones de gas grisú, de las que aún se guarda memoria con un saldo total de 814 muertes. Además, en las minas de plata de Real del Monte y Pachuca, entre 1946 y 1975, hubo 121 muertes por accidentes de trabajo sin considerar aquellos derivados de enfermedades profesionales. En años más recientes, el 31 de marzo de 1969 hubo una explosión en las minas de Barroterán que dejaron 142 mineros muertos junto a 11 trabajadores de confianza. En 1978, la caída de un malacate costó la vida de 16 trabajadores en la mina “Los Arces” en Charcas (San Luis Potosí). El 25 de enero de 1988, en el pueblo de Las Esperanzas (Coahuila), una explosión arrebató la vida de 38 mineros sindicalizados en la mina “Cuatro y medio”.

La fuerza de la reacción de la opinión pública y de los medios de comunicación abrieron, por primera vez en muchos años, un debate acerca de las condiciones de vida y  trabajo de los mineros y, en general, de los trabajadores mexicanos.

 

 

e) El desconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del SNTMMRM.

 

La figura de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del SNTMMSRM fue polémica desde que asumió dicho cargo en calidad de suplente mientras su padre estaba gravemente enfermo. Fue electo suplente en la 31ª Convención General Ordinaria de mayo de 2000, cuando todavía su padre estaba vivo. Ocupó dicho cargo hasta el 11 de octubre de 2001, fecha en que falleció Napoleón Gómez Sada. A partir de ahí asumió la titularidad del cargo. Este nombramiento fue polémico porque la STPS, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuestionó su trayectoria laboral en el sindicato y no le otorgó la toma de nota respectiva. En efecto, y para efectos de legitimar su elección como titular de la secretaría general a partir de 2001, se le reconoció una calidad de miembro activo de la sección 120 con asiento en la Ciénega de Nuestra Señora, municipio de Santiago Papasquiano en Durango. La toma de nota de la STPS, realizada mientras Carlos Abascal fungía como secretario del trabajo y previsión social en el gobierno de Fox, en la que se le reconoció como líder legítimo del sindicato, se prestó a cuestionamientos derivados de su carrera que incluía estudios de posgrado en la Universidad Oxford (Inglaterra), cuestión que no parecía ser compatible con el trabajo minero. 

Por ello, cuando a  fines de febrero de 2006 la STPS, siendo Francisco Javier Salazar secretario del Trabajo, anunció que desconocía la legalidad de Gómez Urrutia como secretario general del SNTMMRM y al mismo tiempo dio carta de ciudadanía en ese puesto a otro dirigente minero, Elías Morales, al cual le otorgó el reconocimiento legal, el SNTMMRM logró concitar el apoyo de otras organizaciones sindicales que dieron lugar a una huelga general de los mineros el día 1° de marzo.

Al desconocer a Gómez Urrutia, la STPS daba media vuelta a lo que había sido hasta ese momento su política de “toma de nota”, utilizando mecanismos arbitrarios que pusieran en alerta a otras organizaciones sindicales. Varios abogados laboralistas, como Néstor De Buen y Arturo Alcalde,  pusieron en duda la validez de la decisión de la STPS.

La huelga minera abarcó a yacimientos ubicados en ocho entidades federativas que explotan cobre, hierro, planta, oro y zinc y que incluyen refinerías y plantas de fundición. La huelga del 1° de marzo de 2006 es la segunda huelga general convocada por el SNTMMRM después de la que tuvo lugar el 8 de agosto de 1944.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (STIMSS), el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana (STTRM) y varias otras organizaciones conformaron el Frente de Solidaridad en Defensa del Sindicalismo Nacional (FSDSN). Este frente denunció los procedimientos de la STPS que ponían en riesgo la autonomía del sindicalismo para elegir su dirigencia, de acuerdo a sus propios estatutos.

Adicionalmente, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), perteneciente al sindicalismo corporativo, daba su apoyo a los familiares de los mineros sepultados el 19 de febrero y al líder del SNTMMRM, Gómez Urrutia, lo cual introducía un elemento nuevo en el que las organizaciones corporativas empezaban a cuestionar la tutela estatal. Más tarde, el 18 de abril, la reacción sindical a las iniciativas de la STPS también contribuía a la conformación de otras alianzas como son el Frente Nacional de Trabajadores por la Unidad y al Autonomía Sindical (FNUAS) y la Promotora por la Unidad en contra del neoliberalismo, animada por el Sindicato Mexicano de Electricistas.

El 8 de marzo, el editorial del periódico La Jornada  resumía acertadamente el resultado de la decisión de la STPS:

 

 “El uso del poder público con fines de venganza política-o posiblemente político empresarial- es tan evidente en el caso de Gómez Urrutia que el Ejecutivo Federal ha conseguido un resultado paradójico e inimaginable en circunstancias normales: que un importante sector del movimiento obrero del país se movilice en defensa del líder los mineros, no necesariamente por afinidades y simpatías, sino en defensa obvia e irrenunciable de la autonomía sindical”.

 

Dicha opinión coincidía con la realización de una marcha de 30 mil trabajadores al zócalo de la Ciudad de México en defensa de la autonomía sindical y de la soberanía.

Vale la pena recalcar que en esos mismos días aparecía una dimensión adicional del conflicto que se había abierto con el desconocimiento de la STPS del secretario general del SNTMMRM. En efecto, aparecían desplegados (inserciones pagadas) en la prensa nacional de empresas como Altos Hornos de México (AHMSA) que cuestionaba la decisión de la Secretaría al poner en duda la representatividad del nuevo dirigente, reconocido por él (jueves 20 de abril).

 

 

f) Las huelgas en La Caridad (Nacozari de García, Sonora), Taxco (Guerrero) y en San Martín (Sombrerete, Zacatecas).

 

Finalmente, no era sólo en Lázaro Cárdenas (Michoacán) o en Pasta de Conchos (Coahuila) en donde se manifestaba la conflictividad minera. El 24 de marzo los mil doscientos trabajadores de la mina de La Caridad (Nacozari de García, Sonora) estallaban una huelga legal de revisión del contrato colectivo. Después de más de un mes, los gobiernos federal y estatal desataban una campaña de persecución de los dirigentes de esa sección. Incluso, el 13 de abril encarcelaban al delegado especial del SNTMMRM, al mismo tiempo que libraban órdenes de aprehensión contra los demás miembros del comité de huelga. Dicha huelga busca el respeto por la autonomía sindical, mejores condiciones para desarrollar el trabajo y, en particular, la seguridad en las faenas.

Por su parte, los mineros de la plata de las minas de El Solar, Remedios y San Antonio ubicadas cerca de Taxco (Guerrero), después de una huelga legal de una semana, pactaban un aumento general de salarios de 8%, con 6% directo al salario y 2 % en una sola exhibición.   Algo parecido ocurría en la mina San Martín (Sombrerete, Zacatecas)  y en la refinería de zinc de San Luis Potosí.

 

 

g) La huelga de la planta de SICARTSA (Grupo Villacero) de abril-mayo de 2006.

 

A principios de abril y paralelamente a los conflictos mencionados, los trabajadores de Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (SICARTSA), propiedad del Grupo Villacero se sumaban a las protestas por el desconocimiento de la autoridad de Gómez Urrutia, interrumpiendo labores. Durante las dos semanas siguientes (3 al 19 de abril) las cosas no pasaron a mayores. No obstante, después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) decretara la ilegalidad del conflicto, se abrió la posibilidad de usar la fuerza pública para desalojar a los obreros de la fábrica. Una última oportunidad para inhibir la represión se dio cuando el presidente Fox, de gira en Uruapan, se reunió con el presidente de Villacero, Julio Villareal y con miembros del comité ejecutivo de la sección 271 del SNTMMRM. En esa reunión, en presencia de Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, los dirigentes sindicales demandaron respeto a la autonomía sindical y el reconocimiento de Gómez Urrutia como el secretario general legítimo.

A pesar de esto, la huelga iniciada por los obreros siderúrgicos culminó trágicamente el día 20 de abril cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) y las policías del estado de Michoacán y del municipio de Lázaro Cárdenas, al buscar desalojar a los obreros, se enfrentaron  con el resultado de dos obreros muertos y más de 40 heridos. Después del trágico incidente, la planta de SICARTSA ha sido ocupada por el Ejército sin que por ello se hayan reiniciado las actividades productivas. A fines de abril de 2006 se habían combinado todos estos factores —la negociación exitosa del contrato colectivo de la sección 271, la búsqueda de la presidencia del CT por Gómez Urrutia, el accidente de Pasta de Conchos, el desconocimiento de Gómez Urrutia como secretario general del SNTMMRM, la toma de posición de AHMSA apoyando a éste en el diferendo sobre su representatividad, los conflictos huelguísticos en otras minas del país— que demostraron la complejidad que asumía la situación laboral en el sector de la minería y de la siderurgia.

 

 

h) la realización de la 34 Convención General Ordinaria Nacional del SNTMMRM celebrada entre los días 2 y 7 de mayo de 2006.

 

A pesar de que habían sido citados con anterioridad a los acontecimientos ocurridos entre febrero y mayo de 2006, los delegados a la 34ª Convención General Ordinaria Nacional del SNTMMSRM tuvieron que concentrarse en determinar la posición de la organización en relación con la persecución que Gómez Urrutia experimenta por parte de las autoridades judiciales. Al finalizar la Convención, los delegados confirmaron a Gómez Urrutia como secretario general hasta el año 2008, con lo cual refrendaron la autoridad del dirigente máximo de su organización. De manera que al finalizar la segunda semana del mes de mayo de 2006, el SNTMMRM mantenía a su cabeza al dirigente perseguido mientras trabajadores de diversas unidades productivas en La Caridad, San Martín y Lázaro Cárdenas continuaban en huelga en apoyo de su dirigente.

Podemos dejar hasta aquí la crónica de los eventos ocurridos en este período. Veamos ahora algunas conclusiones provisionales que podemos sacar de esta secuencia de acontecimientos, que trascienden al SNTMMRM y que ponen en la mesa de discusión las implicaciones de estos conflictos para la relación entre el sindicalismo y el Estado, cuando ya está por concluir el sexenio foxista.

 

 

3. Conclusiones provisionales.

 

Podemos decir que se ha abierto una coyuntura inédita en la que un sector central del sindicalismo corporativo, el representado por el SNTMMRM, cuestiona abiertamente el pacto que Fox había establecido con los máximos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al comienzo de su mandato y, al hacerlo, consigue aglutinar a un amplio espectro de organizaciones, como las que adhieren a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en acciones de confrontación con el Estado.

Dicho cuestionamiento no se limita a asuntos políticos sino que incluye también aspectos contractuales ya que gran parte de las revisiones de contrato que tuvieron lugar durante el año 2005 en las secciones del SNTMMRM lograron porcentajes de aumento salarial equivalentes al doble de los que habían experimentado los salarios mínimos. Lo mismo ocurrió con los porcentajes de aumento del valor monetario de las prestaciones que experimentaron aumentos inéditos. Esto permite suponer que el grado de adhesión de los sindicalizados en el SNTMMRM a su liderazgo se ha consolidado y el apoyo a quien fue responsable de esos logros, Gómez Urrutia, se ha incrementado en la misma proporción.

La conformación del Frente de Solidaridad en Defensa del Sindicalismo Nacional (FSDSN), que incluye a organizaciones sindicales corporativas (como la CROC, el SNTIMMSS, el SNTSSA) como no corporativas (STTRM, STUNAM) y a dirigentes tan dispares como son Francisco Hernández Juárez, Martín Esparza, Roberto Vega Galina, los dirigentes de la CROC e indirectamente a Napoleón Gómez Urrutia, constituye un acontecimiento inédito pues da lugar a una unidad insospechada hasta hace pocos meses. Esa unidad deriva de la amenaza a la autonomía sindical que perciben esos liderazgos en la estrategia que la STPS está llevando a cabo para impedir que Gómez Urrutia siga a la cabeza del SNTMMRM.

Por lo cual, se puede sostener que el conflicto minero abre una crisis en el modelo de relación entre el Estado y el movimiento sindical. Lo que se esperaba que ocurriera cuando el presidente Fox tomó posesión en diciembre de 2000, acontece a fines de sexenio, durante el transcurso de los primeros meses del año 2006.

La inesperada unidad del movimiento obrero en sus diversos componentes da lugar a un escenario en el que el Estado mexicano, por primera vez desde 1912, en que pactó con la Casa del Obrero Mundial, deberá interrogarse si puede tolerar la existencia de un sindicalismo que, como lo calificara Néstor de Buen en una intervención reciente, se muestra independiente, militante e “incomodo”, sin lazos orgánicos con las autoridades del trabajo y en donde los dirigentes sindicales asumirán un liderazgo en el que la prioridad estará ocupada por los intereses de los trabajadores y no por sus intereses corporativos.

 

La trayectoria de las negociaciones por revisiones contractuales del SNTMMRM es un síntoma de que cuando una organización y su liderazgo se dedican a las tareas sindicales, sin privilegiar los objetivos políticos que habían predominado hasta ahora, pueden lograr beneficios para sus afiliados.

Es posible argumentar que los logros contractuales del SNTMMRM se derivan de la favorable coyuntura por la que atraviesa la minería del cobre, del oro, y del molibdeno, cuyos precios han experimentado incrementos espectaculares que dejan a las empresas con márgenes de maniobra considerables en las negociaciones colectivas. No obstante, ha habido otras coyunturas en las que esa situación ha sido similar y el liderazgo sindical no había asumido las posiciones que ha tomado el del SNTMMRM en los últimos meses.

La cuestión que se plantea a partir de este nuevo escenario, es que es posible que el denominado sindicalismo corporativo rompa sus amarras con la vocación de control que había sido suya hasta hace pocos años. Lo que queda por definirse es hasta qué punto durará la unidad que el movimiento obrero ha logrado en las últimas semanas y si llevará a manifestaciones concretas en el ámbito de la negociación colectiva que pongan en jaque la política laboral que ha impuesto la STPS, con el concurso de la SHCP y de la SE. 

Si esa unidad logra plasmarse en una toma de posición que cuestione los topes salariales, los límites a los incrementos de las remuneraciones derivados de los aumentos de la productividad y la represión a los dirigentes sindicales, entre otros asuntos, podemos pensar que estamos frente a un nuevo escenario en donde la relación histórica entre el sindicalismo mexicano y el Estado experimentará una profunda crisis.

Por primera vez en los últimos cien años los sindicatos buscarán cumplir con objetivos propiamente laborales y dejaran atrás los mecanismos de coacción política que dominaron su acción en ese período.

¿Es el Estado mexicano capaz de reformular su relación con el sindicalismo para que este escenario se haga realidad?

¿Es el Estado mexicano capaz de profundizar en el cuestionamiento radical de prácticas corruptas como son, entre otras: el contratismo de protección, la intervención sesgada de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los procesos de negociación colectiva, el control empresarial sobre la formación de sindicatos, la intervención de la STPS en la vida interna de los sindicatos a través de la manipulación de los procedimientos estatutarios y estructurar una estrategia para erradicarlas?

¿Es el Estado mexicano capaz de llevar las prácticas democráticas de la vida pública al ámbito sindical, como lo pretende el ministro del trabajo al proponer que la cuestión de la dirección del SNTMMSRM se resuelva a través de una elección directa, con voto secreto de los trabajadores empadronados?

Finalmente, ¿es el Estado mexicano capaz de establecer una institucionalidad laboral en la que se suprima el control sobre los márgenes de acción de los sindicatos en cuestiones salariales, en la que la política salarial sea resultado exclusivo de la evolución de la productividad del trabajo, en la que la política social refleje la contribución de los diversos sectores al desarrollo económico del país?

 

 

Referencias básicas:

 

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----------------------, “Enclaves y sistemas de relaciones industriales en América latina”, Revista Mexicana de Sociología, abril-junio 1977.

----------------------, “La formación de un sistema de relaciones sociales”, en F. Zapata et. al., Las Truchas: acero y sociedad en México, El Colegio de México, 1978.



[1] Publicamos aquí la versión original amablemente cedida por el Prof. Zapata, con algunos retoques por parte del equipo Christus (N. de la R.)